ÁVILA, 6 de mayo.

Una investigación en curso por parte del juzgado número 4 de Ávila se centra en las supuestas actividades inadecuadas de algunos funcionarios en la cárcel de Brieva, en relación a la condenada Ana Julia Quezada, quien cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019. Se indaga si estos empleados habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de acceso a un teléfono móvil.

De acuerdo con informaciones difundidas por el diario El País, este proceso judicial lleva en marcha cerca de un año y se enfoca en un posible caso de cohecho por parte de ciertos trabajadores de la mencionada institución penitenciaria.

Un educador del centro ha aportado su testimonio, que se alinea con las declaraciones de tres reclusas, sumando además el testimonio de la actual pareja de Quezada, creando un entramado de evidencias que podría ser clave para el caso.

Los reportes indican que la condenada habría mantenido relaciones sexuales con varios empleados de la prisión, incluido el cocinero, y que este contacto habría sido registrado mediante el dispositivo móvil que le habría sido proporcionado. Se sugiere que Quezada planeaba usar estas grabaciones para intentar chantajear a las autoridades y forzar su traslado a un centro penitenciario en Barcelona.

Por otra parte, en un informe emitido por la directora de la prisión, Laura Pérez, se admite que recibió información relevante sobre el comportamiento de Quezada a partir del testimonio de un educador. Este informe detalla que la interna poseía un móvil con diversas grabaciones, incluyendo vídeos donde aparece un funcionario en su celda, lo que podría tener implicaciones graves para la gestión del centro.