MADRID, 25 de agosto.

En un giro significativo de los acontecimientos, las autoridades fiscales han hecho pública la apertura de una investigación en contra del exministro de Justicia de Corea del Sur, Park Sung Jae, y del exfiscal general, Shim Woo Jung. Esta acción responde a su supuesta complicidad en la controvertida ley marcial que fue promovida por el entonces presidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024 y que fue revocada poco después, desatando una crisis política sin precedentes en la nación.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Park Ji Young reveló que se han llevado a cabo registros en diversas ubicaciones, incluyendo la casa de Park, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial y un centro de detención en Seúl, entre otros lugares clave. Esta serie de investigaciones tiene como objetivo esclarecer si se instruyó a los fiscales para que apoyaran la aplicación de la ley marcial declarada el 3 de diciembre.

Según las autoridades, Park Sung Jae estuvo entre los primeros seis miembros del gobierno llamados por el expresidente Yoon el día en que se decretó la ley marcial, y se le imputa la grave acusación de haber “participado en una misión clave de insurrección interna”.

Testimonios de los investigadores sugieren que en la noche del 3 de diciembre, a las 23:30 horas, inmediatamente después de que la ley marcial fue declarada, Park convocó a un grupo de destacados funcionarios de su ministerio, instándolos a respaldar la ejecución de esta medida excepcional.

Después de ser destituido en una moción parlamentaria que se aprobó poco después de la controvertida decisión, el Tribunal Constitucional revocó esta suspensión en abril de 2025, restableciendo a Park en su puesto. Sin embargo, renunció en junio tras la victoria del actual presidente Lee Jae Myung.

En relación al exfiscal Shim, se halla bajo investigación por presunto abuso de autoridad, especialmente por no haber apelado de inmediato la decisión judicial que suspendió la detención del exmandatario Yoon.