El próximo 27 de octubre se llevará a cabo una conciliación en Madrid tras una solicitud presentada por Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, que busca abordar las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha señalado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) por tener supuestas raíces en una "ideología neofascista".

Este procedimiento se activa en el Juzgado de Primera Instancia Nº60 de Madrid, justo antes de que Jupol considere presentar una querella penal por injurias graves. La controversia surgió tras un discurso de Belarra el 15 de julio en el que arremetió contra el cuerpo policial, acusándolos de fomentar "terrorismo nazi de extrema derecha".

Aparte de esta declaración, Jupol también puso de relieve un mensaje en la red X que vino a sumar a estas acusaciones, en el que Belarra habla de "redadas racistas" por parte de la Policía Nacional en lugares públicos, además de mencionar un alegado "racismo institucional" dentro de la institución.

Desde el sindicato, se considera que los comentarios realizados son un ataque directo no solo al honor y la profesionalidad de los agentes, sino también a la imagen de una institución que opera dentro de la legalidad y sin discriminaciones. Jupol enfatiza que las acusaciones carecen de fundamento y buscan deslegitimar la labor policial.

Aarón Rivero, secretario general de Jupol, ha manifestado que la admisión de este acto de conciliación es un paso crucial para contrarrestar lo que él describe como ataques injustificados procedentes de ciertos sectores políticos. Sostiene que los agentes no pueden ser acusados de comportamientos racistas ni por estar vinculados a ideologías extremistas sin que haya consecuencias legales que se asuman.

En este contexto, Jupol está exigiendo una rectificación pública en los medios nacionales, así como una disculpa formal por parte de Belarra. Asimismo, el sindicato solicita que se elimine el post de Twitter que considera ofensivo y que se ofrezca una compensación económica de 30.000 euros por los daños a la imagen de la Policía Nacional.

El sindicato ha advertido que, si no logran un acuerdo durante esta conciliación, procederán con una querella penal por injurias graves contra funcionarios públicos, lo que podría acarrear serias consecuencias penales para los implicados.

Finalmente, Jupol subraya que el respeto hacia las FFCCSE es fundamental en cualquier democracia y afirma que ningún representante público debe utilizar su posición para lanzar acusaciones infundadas en contra de quienes trabajan en pro de la seguridad y la convivencia de la ciudadanía.