En un importante desarrollo en la política de vivienda en España, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecerá este viernes ante el Congreso para discutir las iniciativas de su ministerio y las acciones de Casa 47. En el centro del debate se encuentra un contrato de 62 millones de euros destinado a la gestión de distintos lotes de viviendas, al que ha postulado la empresa Alquiler Seguro, a pesar de su reciente multa impuesta por el Ministerio de Consumo.

La convocatoria de Rodríguez fue aprobada por la Diputación Permanente del Congreso en una votación que incluyó el apoyo de fuerzas políticas como el PP, Vox, el PSOE, Sumar, ERC y Podemos. Sin embargo, hubo abstenciones de Junts y PNV, y el rechazo de Bildu, lo que pone de manifiesto las tensiones en torno a este tema tan crítico.

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda, la ministra explicará las estrategias que está implementando su departamento para abordar el incremento de los precios de alquiler y la compraventa de viviendas, así como las medidas que han empezado a afectar la capacidad de los jóvenes para emanciparse. Este último aspecto está generando una creciente preocupación entre los sectores más vulnerables de la población.

Una de las situaciones más controvertidas que se presentará es la exclusión de la firma Hipoges, vinculada al fondo británico Pollen Street, del proceso de licitación. Esta decisión se debió a que la empresa no cumplió con ciertos requerimientos establecidos por el Gobierno, lo que deja en el aire la pregunta de cuáles son los criterios de selección para los gestores de vivienda pública.

A pesar de las críticas y la polémica, Alquiler Seguro se mantiene en la contienda por el contrato, a pesar de haber sido sancionada con 3,6 millones de euros por prácticas que incluyen cobros indebidos y la imposición de servicios no solicitados. Esta situación ha desatado un rechazo contundente por parte de Bildu y Sumar, quienes consideran inaceptable que una empresa cuestionada tenga la oportunidad de gestionar recursos de vivienda pública.

Sumar ha calificado de “alarmante” la participación de Alquiler Seguro y ha cuestionado los filtros de selección que se aplican actualmente, sugiriendo que debe haber una revisión de los criterios para asegurar que solo las empresas que respeten a sus inquilinos puedan acceder a estos contratos. Por su parte, EH Bildu ha hecho un llamado a una mayor coordinación entre PSOE y Sumar para evitar que la inclusión de empresas multadas en estos procesos se convierta en una norma.