Más de un centenar de jueces y fiscales se han congregado hoy en Madrid, en una manifestación pacífica que ha tenido lugar frente al Tribunal Supremo, como respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno que buscan alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la estructura de la Fiscalía. Este paro de diez minutos, realizado en todo el país a las 12:00 horas, ha sido interpretado por los profesionales del Derecho como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial.

La concentración ha reunido a destacados miembros del ámbito judicial y fiscal, incluyendo figuras emblemáticas de la Audiencia Nacional y de otras fiscalías, quienes unieron sus voces para leer un contundente manifiesto que critica las reformas. Entre los oradores, Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional, y Rosa Frías, fiscal especializada en narcóticos, fueron los encargados de dar eco a las inquietudes de sus compañeros sobre lo que consideran un ataque a la separación de poderes.

Afuera del Tribunal, una multitud de apoyo se organizó en el Parque de la Villa de París, donde ciudadanos gritaban consignas de respaldo como "independencia judicial" y "valientes". Este respaldo resalta la creciente preocupación por la integridad del sistema judicial, identificando a los jueces y fiscales como bastiones fundamentales en la defensa de los derechos ciudadanos frente a posibles abusos de poder político.

En otras sedes, como en los Juzgados de Plaza de Castilla, grupos de representantes de la judicatura también se unieron a las demandas. En este contexto, el magistrado Adolfo Carretero, conocido por su implicación en investigaciones relevantes, fue una de las voces presentes, subrayando el malestar compartido por sus colegas sobre la dirección que están tomando las reformas legislativas.

A la manifestación también asistieron figuras políticas que, aunque no participaban oficialmente, se sumaron como espectadores. Entre ellos, destacaron miembros de partidos tanto de derecha como de izquierda, lo que abre un espacio para una discusión más amplia sobre el estado del sistema judicial en España y su relación con el poder ejecutivo.

La protesta ha generado un ambiente polarizado en la sociedad, con algunos grupos de manifestantes expresando su descontento con el Gobierno mediante consignas críticas. Mientras los jueces leían su manifiesto, algunos grupos se acercaron para expresar su frustración, lo que provocó que los profesionales del derecho se retiraran pacíficamente al concluir su acto de protesta.

Las principales asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a las de tendencia progresista, han expuesto sus argumentos con claridad, enfatizando que las reformas propuestas compiten directamente con el Estado de Derecho. Estas organizaciones han recordado que la Constitución establece la necesidad de mantener un Poder Judicial sin injerencias políticas, esencial para proteger las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

La alarma se ha encendido específicamente por dos iniciativas legislativas: una que reformaría el acceso a las carreras judicial y fiscal, y otra que afectaría al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los críticos han manifestado que estas reformas, además de ser innecesarias, amenazan con debilitar la calidad del sistema judicial y abrir la puerta a influencias políticas indeseadas.

Las asociaciones de jueces y fiscales han advertido que estas reformas se tramitan de forma urgente y sin justificación, lo que podría comprometer la integridad y calidad de los futuros jueces y fiscales en el país. Además, señalaron que se introducirían elementos subjetivos en los procesos de selección, lo que podría resultar en un sistema menos meritocrático y más susceptible a la manipulación política.

Las críticas hacia el Gobierno también incluyen el temor de que estas reformas ocultamente buscan aumentar el control político sobre la Fiscalía, haciendo que su autonomía sea aún más vulnerable. La propuesta ha sido rechazada no solo por los profesionales del Derecho, sino también por estudios de entidades competentes que han alertado sobre las consecuencias negativas que podría acarrear para la justicia en el país.

La movilización ha puesto de relieve un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en un clima de desconfianza que muchos consideran perjudicial para la democracia. Las declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales han incrementado la preocupación sobre cómo estos cambios afectan no solo a la estructura judicial, sino también a la confianza general de la población en sus instituciones.

A pesar de los temores expresados por los colectivos de profesionales, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha minimizado estas preocupaciones, considerándolas infundadas. Sin embargo, la convocatoria de estas protestas señala una creciente disconformidad que podría culminar en acciones de mayor envergadura si las reformas siguen adelante sin un diálogo adecuado con los actores involucrados.