En un desarrollo significativo en el ámbito de la justicia migratoria, un juez federal en Estados Unidos ha tomado la decisión de mantener el estatus de protección temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos en el país, una medida que había sido establecida por la administración de Joe Biden. Este fallo llega en un momento crítico, ya que la administración de Donald Trump había intentado revocar dicha protección a principios de febrero de este año.

El juez del distrito Edward Chen ha determinado que la extensión del TPS, otorgada durante el gobierno anterior en 2023, debe seguir vigente por el momento. Su fallo destaca la importancia de seguir los procedimientos adecuados a la hora de implementar cambios en políticas migratorias, según lo estipulado por la Ley de Procedimientos Administrativos.

Los demandantes, un grupo de migrantes venezolanos beneficiados con el TPS, argumentaron que la revocación de las protecciones era ilegítima y contraria a las normativas federales. Además, sostuvieron que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó impulsada por prejuicios raciales y consideraciones políticas, según informa la cadena CNN.

El juez Chen respaldó los argumentos de los demandantes, señalando que Noem había hecho comentarios despectivos sobre los venezolanos beneficiarios del TPS en su argumento. En su extensa decisión, apuntó que basar actos administrativos en estereotipos negativos es una forma clásica de racismo.

Además del análisis de los prejuicios, Chen criticó las razones presentadas por las autoridades estadounidenses para justificar la revocación de las protecciones, especialmente la supuesta amenaza de bandas como el Tren de Aragua. Según el juez, no existe evidencia que relacione a los titulares del TPS venezolano con esta organización criminal, destacando que sus tasas de criminalidad son más bajas en comparación con el promedio de la población estadounidense.

En enero de 2024, el expresidente Joe Biden había emitido una orden ejecutiva que extendía el TPS para los venezolanos por un año y medio más, hasta octubre de 2026, permitiendo así que estos migrantes eviten deportaciones inminentes y puedan trabajar legalmente en Estados Unidos.

Este fallo llega en medio de una creciente controversia sobre las políticas migratorias, coincidiendo con la reciente deportación de migrantes venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, construida bajo las órdenes del presidente Nayib Bukele. El día de hoy, 17 supuestos miembros de las organizaciones criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13) fueron enviados a esta cárcel, a pesar de que la administración de Trump enfrenta procesos legales relacionados con la expulsión de más de 200 venezolanos este mismo mes.