En un desarrollo judicial significativo, un juez colombiano ha vinculado al Estado con la falta de protección en el ataque que sufrió el senador Miguel Uribe, un mes atrás en Bogotá. Según los reportes de su abogado, Uribe se encuentra en estado grave tras recibir múltiples disparos durante el atentado.

Víctor Mosquera, el abogado del senador, comunicó a través de un video en la red social X que durante la audiencia reciente, el magistrado determinó que el Estado, y específicamente la Unidad Nacional de Protección (UNP) del actual gobierno, tiene responsabilidad por omisión en este caso. Esta decisión surge en medio de la orden de prisión para Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', señalado como el organizador del ataque.

El juez destacó que Uribe no recibió la protección adecuada, subrayando la falta de compromiso por parte de la UNP en garantizar su seguridad. Según Mosquera, esto respalda las afirmaciones de su equipo legal, que sostiene que se produjo una clara negligencia hacia un opositor político que, conforme a unos mínimos de protección, debía poder ejercer sus derechos sin temor.

Aunque el abogado ha elogiado el trabajo realizado por la Fiscalía, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia en la detención de cinco implicados, ha enfatizado que estas acciones son insuficientes. "El país merece conocer la verdad sobre este ataque y que se identifique a los verdaderos responsables", declaró Mosquera, añadiendo que continuarán su lucha para alcanzar a los autores intelectuales detrás del atentado.

Elder Arteaga enfrenta graves acusaciones, entre las que se incluyen tentativa de homicidio y la utilización ilegal de armas, además de la involuntaria participación de un menor de 15 años que estuvo involucrado en el ataque. También se ha señalado a Katerine Andrea Martínez, alias 'Gabriela', quien facilitó el arma, y Carlos Eduardo Mora, quien sirvió de conductor en la operación que permitió la fuga de los atacantes.

El gobierno colombiano, paralelamente, ha anunciado una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, aproximadamente 636.800 euros, para quien aporte información que conduzca a la captura de otros posibles implicados que aún permanecen en libertad tras el intento de homicidio de Uribe.