Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, se enfrenta a un importante interrogante judicial respecto a su papel en lo que parece ser un proceso de contratación poco transparente. El próximo 29 de mayo a las 10.00 horas, deberá comparecer ante la Audiencia Nacional para aclarar su relación con la contratación de Jésica Rodríguez, quien fuera pareja del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Este caso, conocido como el 'caso Koldo', ha levantado sospechas de malversación y tráfico de influencias. Según el juez Ismael Moreno, Pardo de Vera podría haber jugado un papel fundamental en la supuesta irregularidad en la contratación de Rodríguez, quien trabajó para las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en un proceso que podría no haber seguido los debidos procedimientos legales.

El magistrado Moreno hace referencia a informes del Tribunal Supremo que indican que la expresidenta habría intervenido decisivamente en la incorporación de Rodríguez a Ineco, todo impulsado por Ábalos y su exasesor Koldo García. Esta conexión genera dudas sobre la legalidad del proceso y pone en tela de juicio la gestión pública de Adif en aquel momento.

Se destacan los contratos celebrados entre Rodríguez e Ineco y Tragsatec, respaldados por la propia Pardo de Vera durante su mandato. Sin embargo, se ha evidenciado que Rodríguez, en su testimonio ante el Tribunal Supremo, aseveró no haber desempeñado actividad laboral en las mencionadas empresas, pese a recibir salarios durante casi dos años y medio.

El juez destaca que hay pruebas suficientes para creer que Pardo de Vera pudo participar de manera significativa en un proceso de contratación que podría haber dañado los intereses del patrimonio público. Las implicaciones legales son serias, ya que podrían constituir delitos de malversación y tráfico de influencias.

Con el objetivo de arrojar más luz sobre estos hechos, el magistrado ha solicitado testimonios de responsables de Ineco y Adif, quienes se cree tuvieron un papel clave en la contratación de Rodríguez. Estas declaraciones están fijadas para el 24 de junio, y se espera que aporten claridad sobre el proceso de toma de decisiones en estas entidades públicas.

Es pertinente recordar que el Tribunal Supremo asumió el caso solo en relación a Ábalos, dado su estatus de aforado como diputado, mientras que el resto fue dejado en manos de la Audiencia Nacional. Durante este proceso, el juez Puente consideró que existían suficientes indicios de la posible irregularidad en la contratación de Rodríguez, indicando que la misma careció de justificación laboral durante su contrato.

Una situación que no solo plantea preguntas sobre la ética de las contrataciones en el ámbito público, sino también sobre la transparencia que se espera en el uso de recursos de todos los ciudadanos. La continuación de esta investigación pondrá a prueba las estructuras de poder y las prácticas de gestión en instituciones clave del estado.