En Madrid, el 6 de octubre, se ha anunciado un nuevo avance en la investigación que involucra a destacados figuras del panorama político español. El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha decidido convocar nuevamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como a su ex asesor Koldo García, para que declaren como investigados. Las comparecencias están programadas para los días 15 y 16 de octubre.

Esta decisión surge a raíz del análisis presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha revelado preocupantes detalles sobre la situación financiera de Ábalos y su presunta relación económica con García. Las implicaciones de este caso podrían tener un impacto significativo en la percepción pública de la política y la transparencia en la gestión pública.

La citación de estos exfuncionarios se produce en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve cada vez más necesaria ante la creciente demanda de integridad en los asuntos públicos. Esto podría abrir la puerta a un escrutinio más profundo sobre cómo se han manejado las relaciones económicas en el entorno político español, un aspecto que ha suscitado inquietudes dentro de la ciudadanía.