MADRID, 5 de octubre.

Este jueves, a las 12:00 horas, seis individuos están citados a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid en relación con un caso que ha levantado gran controversia: amenazas presuntamente dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El caso se origina en una manifestación del 31 de diciembre de 2023, donde un muñeco que simbolizaba a Sánchez fue linchado y golpeado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La investigación tomó un giro significativo el pasado 23 de septiembre, cuando la jueza Concepción Jerez decidió imputar a estas seis personas a raíz de una denuncia interpuesta por el propio PSOE. Aunque en febrero se archivó la causa, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reanudación en julio, tras considerar que el cierre inicial fue demasiado apresurado, respaldando la inquietud manifestada por la Fiscalía y por Sánchez.

La Audiencia resalta que, aunque el acto se realizó dentro del contexto de una manifestación de protesta, la violencia de las imágenes y las amenazas expresadas —como "colgadlo de los pies" o "hay que quemar Ferraz"— constituyen un ambiente intimidatorio que merece ser investigado. La corte sostiene que no se puede considerar que estas manifestaciones encajan en un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

A pesar de que Jerez había argumentado que las ofensas no eran un delito, señalando que la falta de educación no puede acusarse judicialmente, la Audiencia tuvo en cuenta el grado de simbología violenta implicado, lo que cambia la percepción sobre el acto. Las amenazas específicas dirigidas contra Sánchez y la sede del PSOE, afirman los magistrados, sí configuran un contexto de amenazas graves.

Adicionalmente, la Audiencia destacó que la representación del muñeco, aunque pudiera no ser físicamente exacta, era clara en su intención: alude directamente al presidente del Gobierno. A pesar de esto, el tribunal también concordó con la jueza en que no se puede calificar el incidente como un delito de injurias graves articuladas contra el Gobierno como institución, dado que las expresiones eran personalizadas más hacia Sánchez que hacia la administración en general.

El tribunal también dudó que estos actos pudieran ser considerados un delito de odio, pese a la evidente hostilidad hacia Sánchez, ya que para calificarlo como tal se requiere que los ataques se dirijan a un grupo específico por razones de raza, ideología o identidad. En cuanto a los insultos recogidos en la manifestación, la Audiencia ha catalogado muchos de ellos como expresiones que, aunque despectivas, no alcanzan a ser lo suficientemente dañinas como para justificar un cargo por injurias graves.

Con los parámetros establecidos por la Audiencia, la juez ha decidido reiniciar las investigaciones para esclarecer la naturaleza de los cargos que se han presentado, comenzando por las declaraciones de los seis implicados. La atención ahora se centra en lo que estos testimonios revelarán sobre el clima de antagonismo que ha surgido en el contexto político actual.