VALÈNCIA, 7 Abr.

La jueza del municipio de Catarroja, en Valencia, ha rechazado nuevamente la petición de una acusación particular para que el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, testifique en el caso relacionado con la gestión de las recientes inundaciones. Esta decisión se suma a una resolución anterior en la que también denegó la solicitud, aunque recordó que Mazón podría optar por declarar como investigado, una opción que, según se menciona, ha decidido no llevar a cabo.

Este lunes se notificaron seis autos y una providencia emanados de la magistrada, según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En uno de esos autos, la jueza mantiene su negativa a que Mazón complete la declaración como testigo, argumentando que el Consell es la autoridad máxima en la dirección y coordinación de la protección civil en la región. La responsabilidad primaria en materia de emergencias recae, en este sentido, sobre la Conselleria correspondiente, la cual debe dirigir los planes de protección.

Se menciona en la resolución la Ley Valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias, subrayando el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre riesgos graves y las actuaciones necesarias para prevenirlos. La jueza sostiene que esta normativa convierte a la administración autonómica y a sus dirigentes en responsables de evitar los fallecimientos ocurridos durante la crisis.

La magistrada recuerda que una solicitud similar para que el ex-presidente de la Generalitat declarara como testigo fue previamente desestimada. En su argumentación, se indica que un alto cargo no puede ser llamado a declarar como testigo si ya está siendo investigado por los mismos hechos que son objeto de la indagación.

Se señala que la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias establece que, ante situaciones de riesgo significativo, es el presidente quien puede proclamar una emergencia catastrófica. Sin embargo, la jueza advierte que la ausencia de dicha declaración dificulta que Mazón pueda ser considerado como testigo, sugiriendo que su situación procesal se asemejaría más a la de un investigado.

La magistrada menciona un auto previo del TSJCV que afirmaba que la declaración de aforados debe ser solicitada por ellos mismos, lo que subraya que esa posibilidad sigue estando abierta para Mazón, aunque él ha decidido no perseguirla en este momento.

La jueza también desestima realizar un reconocimiento aéreo de las áreas afectadas y tomar declaración de los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y otros actores implicados, afirmando que lo hará más adelante, basándose en las evidencias recabadas de las víctimas y sus familias.

En cuanto a las declaraciones de los participantes en reuniones del Cecopi, la jueza considera que no puede establecer aún un calendario para llevarlas a cabo debido a la falta de instalaciones adecuadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, aunque sí se ha programado la declaración de dos peritos para el 9 de mayo.

En otro auto, se inadmitieron varias diligencias solicitadas por la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià, relacionadas con la obtención de datos de contacto de los investigados, por vulnerar el secreto de las comunicaciones, a menos que se aleguen delitos dolosos. Además, se desestimó un recurso contra la admisión del PSOE como acusación popular, a la vez que se permitió la entrada de otro partido llamado Valores, bajo las mismas condiciones de fianza.

La jueza ha solicitado, en un quinto auto, que se aclare si un particular que ha presentado una queja está relacionado con alguna de las víctimas de la dana, y al mismo tiempo ha admitido pruebas sobre la suspensión de un evento el 29 de octubre del año pasado.

Finalmente, la jueza ha pedido informes forenses sobre las lesiones y el impacto psicológico en los afectados y ha programado la citación de un testigo en el contexto de los fallecimientos relacionados con las inundaciones.