El partido político Junts ha comenzado a poner en la mira el tema de los permisos de paternidad otorgados a temporeros migrantes, lanzando alarmas sobre posibles fraudes en estas solicitudes, que han aumentado en número en los últimos años.

Este martes, durante una sesión en el Congreso, se debatirá una proposición no de ley que busca hacer más rigurosos los requisitos para estos permisos. Junts, liderado por Míriam Nogueras, presentó la propuesta el pasado agosto y coincide con una votación sobre otra ley que delegaría competencias de inmigración a Cataluña, negociada previamente con el PSOE.

La propuesta de Junts, a la que tuvo acceso Europa Press, destaca un "incremento notable" en las solicitudes de paternidad por parte de trabajadores migrantes, especialmente en áreas como la agricultura y la construcción. El partido menciona que ha habido reportes preocupantes sobre el uso indebido de estas solicitudes, señalando casos donde se han hecho múltiples peticiones en un corto lapso de tiempo, a menudo acompañadas de documentación poco clara.

Isidre Gavín, un diputado de Junts, planteó durante la sesión de control al Gobierno que muchas veces se aceptan documentos por parte de la administración que son de difícil lectura, lo que refuerza sus preocupaciones sobre la validez de las solicitudes. Gavín también subrayó que algunos temporeros solicitan varios permisos bajo la premisa de que "en su país son polígamos", y tras obtener el permiso, se dedican a trabajar en la economía informal.

Ante esta situación, Junts propone una modificación del artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, el cual rige las prestaciones por maternidad y paternidad. La intención es establecer requisitos más estrictos, como la necesidad de presentar certificados expedidos por los consulados españoles para validar las solicitudes y así asegurarse de que solo se otorguen beneficios a quienes realmente cumplen con la ley.

Durante el debate, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se opuso a la idea de implementar una reforma legal que endurezca la concesión de estos permisos, argumentando que solo 22 sanciones se habían impuesto en Cataluña, una cifra que ella considera "anecdótica".

Saiz argumentó que un cambio normativo que impacte a todos los trabajadores, ya sean españoles o migrantes, no parece apropiado, especialmente considerando que las sanciones han sido dirigidas a aquellos que han simulado relaciones laborales para obtener beneficios. Además, recordó que es requisito presentar un certificado de nacimiento legalizado en caso de que el niño nazca en el extranjero, y si hay sospechas sobre su autenticidad, se procede a verificarlo.

En caso de detectarse un posible fraudes, los casos son enviados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para un análisis detallado. La ministra concluyó subrayando que la legislación actual ya incluye mecanismos suficientes para evitar y sancionar cualquier intento de fraude, minimizando así la necesidad de establecer nuevos requisitos.