El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de LAJ y la Asociación Independiente de LAJ han enviado una carta a las ministras de Hacienda y Justicia, María Jesús Montero y Pilar Llop, respectivamente. En ella, expresan su "profundo malestar" por "la forma en la que el Ministerio de Justicia está abordando los distintos conflictos planteados con los colectivos judiciales" y denuncian un "agravio comparativo".

Los LAJ piden una devolución de las cantidades retenidas en la huelga que abrió la puerta a otros colectivos para exigir mejoras similares. Además, reclaman que "la brecha retributiva" con el resto de los grupos de su misma categoría del Ministerio de Justicia no se siga incrementando y que cada vez se vaya estrechando más respecto de las inferiores.

En la carta, advierten de que "tienen claro que cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique de forma genérica e indiscriminada al conjunto de los cuerpos generales o especiales, así como a los jueces y fiscales, tiene que aprovechar también necesariamente a los LAJ". En consecuencia, alertan a Justicia de que el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia "está decidido a sostener cuantas medidas de conflicto sean necesarias" y amenazan con no tolerar que la "brecha retributiva" con otros cuerpos de funcionarios aumente.

Los Letrados de la Administración de Justicia se quejan en la carta de que, durante sus dos meses de huelga indefinida, sufrieron un "escarnio público", mientras que ahora el Gobierno da un "trato cordial" a otros colectivos que demandan mejoras laborales. Las tres asociaciones convocaron una huelga el 24 de enero que duró dos meses y, tras duras negociaciones con el Ministerio que dirige Llop, lograron un aumento salarial de hasta 450 euros al mes. Los demás funcionarios de la administración de justicia iniciaron su propia huelga el 17 de abril, y ahora jueces y fiscales amenazan con parar indefinidamente a partir del 16 de mayo para conseguir mejoras similares.

Las asociaciones de jueces y fiscales rechazarán la oferta del Ministerio de Llop en su reunión de este lunes, porque solo representa el 6% de la pérdida de poder adquisitivo que dicen haber sufrido estos años y que sitúan en un 20%. El cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia logró que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. El resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) piden unos 200 millones, mientras que Justicia ha ofrecido a los 8.000 jueces y fiscales unos 44 millones.