El Ministerio de Juventud e Infancia de España ha iniciado un ambicioso proyecto para prohibir que menores participen o asistan a actividades donde se promueva la violencia contra los animales, como las corridas de toros y la caza. Este esfuerzo se enmarca dentro de una ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

El anuncio llega en respuesta a las recomendaciones reiteradas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha instado a España a actuar en este sentido durante el examen del Estado español por parte del Comité de Derechos del Niño en Ginebra. Este llamado ha puesto de relieve la preocupación internacional por la exposición de los más jóvenes a prácticas que normalizan la violencia.

La ministra Sira Rego ha subrayado a través de sus redes sociales que "niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales". Este nuevo enfoque busca alinearse con las demandas de la ONU que se plantean desde 2018, reafirmando el compromiso español de garantizar los derechos de la infancia.

Durante su intervención ante el Comité de Derechos del Niño, Rego destacó que esta reforma es crucial para avanzar en la protección de los derechos de los menores, un objetivo compartido por la comunidad internacional. La presentación de esta propuesta ha respondido a las preguntas planteadas por varios miembros del comité sobre el tema, lo que ha permitido una mayor visibilidad de esta iniciativa.

El Ministerio ha señalado que la norma pretende abordar los graves riesgos que la exposición temprana a la violencia conlleva para los menores, tanto en su integridad física como psicológica. La ministra alertó sobre cómo la violencia puede desensibilizar a los jóvenes, afectando su desarrollo emocional y su capacidad de empatía, algo que puede tener consecuencias a largo plazo en su bienestar.

Por otra parte, el departamento de Rego también ha puesto en marcha otras reformas dentro de esta ampliación de la LOPIVI, incluyendo la obligatoriedad de prestar atención a las declaraciones de los menores en procesos judiciales sin importar su edad, así como una extensión del plazo de prescripción para delitos sexuales contra la infancia. Este plazo ahora se calculará de manera que comience cuando la víctima cumpla 45 años, en lugar de 35.

Finalmente, el texto propuesto también incluye la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones que interactúan habitualmente con menores y reconoce por primera vez la violencia institucional como una categoría legal. Rego ha afirmado que esta medida busca garantizar que cualquier omisión o retraso en la protección de los menores sea debidamente investigado y reparado.