La Audiencia Nacional de España se enfrenta a un caso de suma gravedad que involucra a una mujer, Verónica R.Y., acusada de vincularse con el grupo terrorista Estado Islámico (DAESH) y de tratar de adoctrinar a sus cuatro hijos para que se conviertan en muyahidines. Este juicio se lleva a cabo en un contexto donde la preocupación por el terrorismo y las redes de radicalización sigue siendo un reto significativo para la sociedad.

La Fiscalía ha planteado en sus alegaciones una petición de cinco años de prisión y una inhabilitación absoluta de nueve años para la acusada. Estas medidas se sustentan en cargos de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista, lo que refleja la gravedad de sus acciones según los organismos judiciales.

El informe del Ministerio Público detalla que Verónica vivía con sus hijos en su hogar familiar y manifiesta una intención clara de trasladarse a regiones controladas por Estado Islámico. Este desplazamiento, según la Fiscalía, no era una decisión improvisada sino que se sustentaba en una meticulosa planificación, evidenciada por búsquedas de vuelos y rutas.

En uno de los mensajes recuperados durante la investigación, la acusada expresaba su deseo de que sus hijos, a quienes se refería con cariño como “leones”, un día participaran en la yihad, evidenciando así su voluntad de involucrar a la próxima generación en actividades extremistas.

Los fiscales han argumentado que Verónica no solo consumía material relacionado con el yihadismo, sino que también se dedicaba a difundir dicho contenido, actuando como un vehículo de propaganda para los objetivos de DAESH. Sin embargo, se aclaró que no se habían encontrado evidencias de que otros hubieran sido adoctrinados a través de sus acciones, lo que incluye a sus propios hijos.

Durante el registro de su vivienda, las autoridades hallaron que la acusada gestionaba plataformas en redes sociales donde publicaba contenido yihadista. Esto apunta a una intención deliberada de promover un mensaje que incita a la violencia y la radicalización.

Las investigaciones revelaron que se confiscaron dispositivos digitales con un volumen significativo de archivos (79.6 GB) que contenían material en español, árabe y otros idiomas, lo que subraya la diversidad de la propaganda que estaba en circulación. La Fiscalía considera que estos archivos son herramientas de persuasión y captación, capaces de influir negativamente en quienes los consumen.

Se destaca que la naturaleza de los mensajes era tan atractiva que podría desafiar las bases morales y sociales establecidas, lo que plantea un importante debate sobre la educación y la prevención de la radicalización en el contexto de un mundo cada vez más interconectado y susceptible a discursos extremistas.