El juez José Luis Calama ha propuesto juzgar a Francisco Javier Méndez Oliva, exjefe de la Unidad de Drogas de la Policía Nacional en Alicante, y a otras 35 personas acusadas de blanquear dinero procedente del narcotráfico, según un auto recogido por Europa Press. Esta es una pieza separada de la denominada 'Operación Beatiful', por la que ya fueron procesadas 79 personas en noviembre de 2020 por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

El magistrado propone juzgar a los presuntos responsables de la organización, entre otros: los acusados Juan Ramón García Crespo y Juan Andrés Cabeza Pedrada; el ex jefe de la Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) en Alicante Francisco Javier Méndez Oliva, a su hermano y a su esposa, así como los miembros de las mercantiles utilizadas para dar curso legal al dinero de procedencia ilícita.

La investigación ha acreditado el blanqueo de capitales desarrollado por Méndez Oliva y Cabeza Pedrada en la operativa y adquisición y venta de vehículos Land Rover en operaciones gestionadas por el inspector en las que su esposa figuraba como titular de los vehículos comercializados.

El juez relata que Francisco Javier Méndez y su esposa "disponían de una masa patrimonial muy superior y totalmente desvinculada de su renta global acreditada como lícita, hecho del que se infiere no solo la posible introducción en el circuito legal de dinero de procedencia desconocida, sino también la adquisición de bienes y servicios de cierto valor a través de pagos en metálico".

El juez hace un repaso de todo el "entramado mercantil" constituido en torno a Juan Ramón García Crespo como responsable de una organización criminal dedicada a una "actividad sistemática de blanqueo de capitales", junto al resto de líderes de otras ramas en Alicante, Valencia, Barcelona y Galicia para llevar a cabo el tráfico ilícito de drogas.

Así, destaca "la escasa o nula capacidad económica de muchos de los testaferros, algunos con precarias condiciones laborales anteriores, otros con una baja situación social, residiendo algunos de ellos en pisos o centros tutelados por la Comunidad de Madrid para personas sin recursos económicos". Según las pesquisas llevadas a cabo en la Audiencia Nacional, se trataba de un negocio diversificado donde la principal actividad pivotaba entorno a empresas de compraventa de vehículos y en especial la mercantil Design Cars dirigida de manera subrepticia por Juan Andrés Cabeza Pedrada.

El magistrado considera que era un negocio pantalla que "utilizaba" la organización "facilitando la operativa logística de vehículos para el transporte de la sustancia estupefaciente o para el uso habitual del resto de integrantes de la misma, así como para facilitar a través de este negocio de vehículos de lujo, actividades de blanqueo de capitales mediante las cuales blanquea los ingentes beneficios obtenidos del narcotráfico".

En el auto, el juez acuerda el sobreseimiento provisional para cuatro de los investigados y el archivo definitivo para un quinto. Además, da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral con la presentación del escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento.