La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reafirmado su postura respecto a la responsabilidad del juez en la gestión y protección de datos sensibles en el contexto del 'caso Koldo', relacionado con presuntas irregularidades en la venta de mascarillas durante la crisis sanitaria. A través de un auto, el tribunal ha señalado que el juez a cargo no tiene la autoridad necesaria para investigar las filtraciones a los medios, subrayando que su Juzgado "carece de competencia objetiva" para tal acción.

El asunto surge a raíz de la solicitud presentada por Koldo García, exasesor del antiguo ministro José Luis Ábalos, quien había pedido a la justicia que se investigaran las filtraciones que afectaban al desarrollo del caso. Sin embargo, el instructor de la causa, Ismael Moreno, ya había rechazado esta demanda y la Sala ha respaldado firmemente esta decisión, reafirmando que el foco debe mantenerse en las investigaciones pertinentes y no en las filtraciones mediáticas.

La Sala ha aclarado que entre las funciones que deben desempeñar los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional no se incluye la investigación del delito de "descubrimiento y revelación de secretos", considerado crucial en este contexto. Esta aclaración deja en evidencia que la protección de la confidencialidad en el proceso judicial es prioritaria y que la divulgación no autorizada de información puede ser perjudicial para la investigación en curso.

Los magistrados han indicado que el juez tiene la responsabilidad de salvaguardar aquellos datos que deben permanecer en secreto, y deberán implementarse las medidas necesarias para evitar cualquier incumplimiento de esta obligación. Además, se enfatiza que si hay alguien que infringe esta reserva, el juez podrá tomar medidas, incluyendo la posibilidad de derivar el asunto a otro Juzgado competente para su investigación.

Si bien se reconoce la importancia de la información en las fases iniciales de procesos judiciales, también se subraya la necesidad de respetar los principios que rigen la instrucción, tal como lo indicó el juez Ismael Moreno en octubre. Su afirmación destaca que los medios tienen derecho a acceder a información suficiente para el ejercicio de su oficio, pero esto no debe comprometer otros derechos fundamentales, como la privacidad de los involucrados en el caso.

El magistrado también señaló que el secreto de la instrucción no está establecido por ninguna norma constitucional de manera estricta, lo que permite cierta flexibilidad en el acceso a la información. Sin embargo, subrayó que esto no debe ser utilizado como justificación para revelar detalles íntimos sobre la vida personal de los investigados o de terceros involucrados sin relación directa con la causa, manteniendo así un equilibrio entre el interés público y los derechos individuales.

La investigación, que comenzó en abril de 2022, había permanecido en un estricto sigilo hasta febrero de 2023, período durante el cual no se publicó información alguna sobre el contenido de la causa, lo que pone de manifiesto el compromiso del sistema judicial con la confidencialidad y la integridad del proceso investigativo en marcha.