Los magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia consideran que la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, en el contexto de la investigación sobre la dana, podría aportar “elementos significativos” a la causa, especialmente tras la publicación de una carta que la comunicadora realizó.

En una resolución emitida el 23 de octubre, la sección segunda del tribunal ha decidido que Vilaplana debe testificar sobre los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, cuando compartió una comida con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un conocido restaurante.

Esta decisión se produce tras revisar un recurso de apelación presentado por una acusación particular, y revoca una resolución anterior de la jueza instructora, quien había rechazado la solicitud de testimonio en una decisión confirmada en junio.

El tribunal ha tomado en cuenta la carta de Vilaplana, que fue difundida después de la decisión de no llamar a declarar, y que se incluyó en el procedimiento a través de un auto del 11 de septiembre de 2025, el cual también denegó nuevamente su testimonio.

La Audiencia sostiene que sería prematuro ignorar la posibilidad de que, al ser interrogada en un entorno judicial y con los resguardos propios de una diligencia procesal, la periodista pudiera ofrecer información que no se abordó en su carta.

El auto de apelación subraya que su testimonio podría ofrecer detalles únicos sobre los diálogos relacionados con la toma de decisiones en el contexto de la investigación, lo que resulta crucial para esclarecer los hechos del 29 de octubre.

La Sala concuerda con la magistrada instructora en que, por su posición legal, el presidente Mazón no puede ser objeto de la investigación, pero acentúa que la relevancia de sus diligencias es fundamental para el avance del caso.

Con respecto a posibles implicaciones legales, el tribunal señala que en caso de que se encuentren indicios sólidos de criminalidad hacia Mazón, el ámbito de la investigación podría extenderse, con la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los magistrados delimitan el alcance del testimonio de Vilaplana, enfocando en lo que pueda saber sobre los contactos entre el presidente y la entonces consellera de Interior y Justicia, así como sobre lo que haya conocido en la reunión del Cecopi.

Por otra parte, la Audiencia también ha abordado otros recursos de apelación relacionados con la causa de la dana, rechazando la petición de la acusación popular del partido Valores de formalizar la imputación de un testigo clave de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, se desestimó la solicitud de Vox para que la instructora llamara a declarar a varios ingenieros y arquitectos que comparecieron en la comisión del Senado sobre la situación de la dana.

Finalmente, en respuesta a los recursos de la Fiscalía y otros investigados, la Audiencia revocó la decisión anterior que limitaba las acusaciones populares a actuar bajo la dirección de letrados ya establecidos, y aunque no se observa un obstáculo para agrupar dichas acusaciones, la fórmula planteada por la Fiscalía fue rechazada, optando por mantener la actual estructura del proceso.

En resumen, el tribunal ha determinado que en esta fase inicial del proceso, la agrupación de acusaciones particulares no es aconsejable, ya que no se han evidenciado las dilaciones indebidas que se habían señalado.