Un análisis reciente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto de manifiesto serias deficiencias en el anteproyecto de ley del Gobierno que busca regular el secreto profesional de los periodistas. Este informe indica que los cambios propuestos generan confusión y dificultan a los informadores entender hasta dónde se extiende su protección, lo que podría comprometer la libertad de prensa.

El CGPJ subraya que, a pesar de que la Constitución española, en su artículo 20.1.d, menciona la necesidad de una ley que regule el secreto profesional para el ejercicio de la libertad de información, este derecho aún carece de un marco legislativo claro y formal. Esto se traduce en una falta de garantías para aquellos que ejercen la labor informativa, lo que puede afectar su capacidad para acceder a información vital.

En el contexto europeo, se destaca que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el secreto de las fuentes es fundamental para la libertad de información. Sin esta protección, la disposición de los informantes para compartir información relevante se ve amenazada, sobresaltada por el temor a represalias.

El nuevo reglamento europeo sobre protección de fuentes periodísticas, que entrará en vigor en 2025, añade otra capa de complejidad. El CGPJ critica que el anteproyecto de ley no explica cómo se integrará con estas normativas europeas y lamenta la falta de un enfoque claro en el documento presentado.

Asimismo, el CGPJ afirma que el legislador nacional tiene el derecho de regular el secreto profesional, siempre y cuando se asegure de que dicha regulación ofrezca un nivel de protección más alto que el que ya se estipula en la legislación europea, lo cual no parece ser el caso según la actual redacción del anteproyecto.

En particular, se señala que las limitaciones propuestas a este derecho son menos rigurosas que las que actualmente existen, lo que podría disminuir considerablemente la protección del secreto profesional. Además, se critica que la normativa parezca deslegalizar el uso de técnicas de vigilancia intrusiva, lo que afectaría directamente a la confidencialidad de los informantes.

Adicionalmente, el CGPJ indica que las definiciones sobre los límites del derecho al secreto profesional no son claras, lo que deja a los profesionales de la información en un estado de incertidumbre respecto a cuándo podrían verse afectados. Esto afecta la dinámica de confianza entre los periodistas y sus fuentes, crucial para el ejercicio de una sociedad democrática.

La crítica se extiende a la reproducción de partes del reglamento europeo en el anteproyecto. Esto podría crear confusión y debilitar el control que el Tribunal de Justicia de la UE debería tener sobre la correcta aplicación de las normas. La falta de un esfuerzo claro por parte del legislador para adaptar y especificar sus términos en consonancia con la legislación europea puede interpretarse como un riesgo significativo para la libertad de prensa.

Por último, el informe concluye que no se ha aprovechado esta oportunidad legislativa para fortalecer el derecho al secreto profesional como lo ha recomendado el Tribunal Constitucional. Una sugerencia sería permitir que los periodistas pudieran impugnar judicialmente cualquier medida que limite su secreto, incluso si no son parte del proceso. Este aspecto podría ser un paso fundamental hacia la mejora y protección concreta de la labor periodística en el país.