MADRID, 21 de enero. El juez Ismael Moreno, encargado del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, ha decidido extender en un mes el secreto de la investigación relacionada con los pagos en efectivo que el PSOE realizó entre 2017 y 2024.

Esta ampliación del periodo de confidencialidad se produce tras la decisión anterior del magistrado, que en diciembre ya había declarado la información como secreta. Fuentes legales consultadas por Europa Press indican que la extensión se fundamenta en la gravedad de las irregularidades que se están investigando.

Moreno subrayó la necesidad de mantener esta información oculta debido a la delicadeza de los hechos que forman parte de la investigación. La documentación que ha sido aportada por el partido socialistas incluye datos sobre empleados, simpatizantes y voluntarios, lo que llevó al juez a considerar justificada la medida de secreto mientras avanzan las diligencias.

El juez argumentó que impedir el acceso público a esta fase del proceso judicial no debe ser visto como un obstáculo a la libertad de información, sino más bien como una forma de proteger la integridad de la investigación, destacando que esta necesidad se impone incluso sobre las demandas de las partes involucradas, salvo en el caso del Ministerio Fiscal.

Moreno también enfatizó que su decisión está respaldada por la necesidad de asegurar una correcta persecución del delito, un principio de importancia fundamental y que cuenta con reconocimiento constitucional.

Dentro de este contexto, los representantes del PSOE entregaron un 'pen drive' al juez, que contiene un compendio detallado de los pagos en metálico realizados a lo largo de los años pasados, respondiendo así a una solicitud del magistrado.

Es importante recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional había abierto en noviembre una pieza separada para investigar precisamente estos pagos, motivado por indicios que apuntan hacia posibles irregularidades en la gestión de gastos por parte de figuras como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Se sospecha que podrían haber explotado la falta de controles internos en el PSOE para encubrir dinero procedente de actividades ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción también ha indicado que podría haber un caso de malversación en perjuicio de la formación política, entre otras irregularidades que están bajo escrutinio.

El PSOE ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia, aunque advirtió sobre las posibles "graves implicaciones jurídicas y de protección de datos" que podrían surgir al requerirles que proporcionen detalles sobre todos los gastos anticipados relacionados con dirigentes, trabajadores, militantes y simpatizantes, más allá de los pagos específicamente vinculados a Ábalos y García.

Finalmente, los socialistas han solicitado al juez que mantenga esta información en una pieza secreta, accesible únicamente a los investigadores, el tribunal y la Fiscalía, argumentando que es evidente que el Partido Popular y otros actores en el proceso han pasado por alto la normativa sobre la reserva de detalles judiciales.