En una reciente decisión que marca un hito en el caso que involucra al comisario José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional de España ha determinado excluir a la entidad Repsol, a La Caixa y a la Administración del Estado del juicio en el contexto del llamado 'proyecto Wine'. Este fallo se produjo el lunes pasado, tras la renuncia de las acusaciones particulares y de la Fiscalía a perseguir en esta etapa a los responsables civiles subsidiarios de los referidos organismos.

La presidenta de la Sección Cuarta, Teresa Palacios, comunicó que, dado el retiro de las acusaciones por parte de aquellos que supuestamente fueron perjudicados, las entidades y sus abogados pudieron abandonar el tribunal sin más requerimientos. Este giro en los acontecimientos resalta la complejidad del caso conocido como 'caso Tándem', que involucra una serie de irregularidades que han captado la atención mediática y pública en España.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha sido clave en este proceso, ha solicitado una condena de 40 años y medio de prisión para Villarejo, argumentando que su actuación ofrecía a Repsol y La Caixa los medios para salvaguardar sus intereses en un intrincado juego corporativo. Este conflicto se remonta a 2011, cuando Sacyr intentó adquirir un porcentaje importante de acciones de Repsol, una jugada que puso en alerta a los ejecutivos de las compañías involucradas.

Asimismo, se ha planteado que figuras prominentes en la industria, como Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, presidente de la Fundación LaCaixa, comparezcan como testigos en el juicio. Esta solicitud se justifica dado que ambos ya habían declarado en su calidad de investigados durante la instrucción del caso, al estar implicados en la orden de realizar investigaciones sobre las maniobras de Sacyr en relación con las acciones de Repsol.

El alegato del Ministerio Fiscal incluye no solo la petición de prisión para Villarejo, sino también condenas significativas para varios coimputados. En total, la Fiscalía busca 32 años y medio para Rafael Redondo, socio de Villarejo, así como penas de 21 a 28 años para otros ejecutivos relacionados con Repsol y Caixabank, lo que evidencia la gravedad de las acusaciones que enfrentan.

Es importante señalar que las entidades antes mencionadas, Repsol, La Caixa y la Administración del Estado, inicialmente debían ser consideradas como responsables civiles subsidiarios, pero la Fiscalía ha revocado esta postura en su escrito de acusación más reciente. Esto sugiere una evolución en la estrategia de la Fiscalía a medida que el caso avanza.

Los imputados enfrentan cargos variados que abarcan desde cohecho, tanto activo como pasivo, hasta revelación de secretos y falsificación de documentos mercantiles. Estos delitos reflejan la seriedad de las alegaciones y la investigación en torno al 'proyecto Wine', que surge en un contexto de intensa competencia empresarial en el sector energético español.

La Fiscalía ha proporcionado antecedentes cruciales, destacando un acuerdo en agosto de 2011 entre Sacyr Vallehermoso y la petrolera mexicana PEMEX que les permitiría ejercer un control significativo sobre Repsol. Ante dicha amenaza, los altos directivos de Repsol decidieron adoptar varias medidas, entre ellas la búsqueda de información sobre este pacto, utilizando a su equipo de Seguridad Corporativa.

Para ello, contactaron a Villarejo, quien en ese momento aún formaba parte activa del Cuerpo Nacional de Policía, lo que plantea interrogantes sobre la ética y legalidad de su implicación en estos asuntos corporativos. Su investigación, inicialmente centrada en Luis del Rivero y las negociaciones con PEMEX, se amplió con la participación de Caixabank, quien también buscaba proteger sus intereses como accionista mayoritario en Repsol.

Este encargo culminó en el conocido 'proyecto Wine', un término acuñado por Villarejo que ha tomado notoriedad pública como parte de la estructura compleja de interacciones encontradas en el 'Grupo CENYT', del cual se señala a Rafael Redondo como un actor clave.