En Madrid, el 29 de enero, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su postura con respecto a la reciente propuesta del Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes, subrayando la importancia de trasladar este asunto al Parlamento en lugar de llevarlo a cabo mediante decisiones unilaterales.

Un representante de la CEOE declaró a Europa Press que, aunque apoyan un proceso de regularización que permita la entrada de personas a España de manera ordenada, creen firmemente que este tema trasciende las acciones del Ejecutivo y debe ser discutido y aprobado por el órgano legislativo. Este comentario resalta su rechazo a cualquier medida que no incluya un amplio debate parlamentario.

El Consejo de Ministros ha tomado pasos concretos al aprobar el inicio de un trámite urgente a través de un Real Decreto para regularizar a más de 500,000 migrantes, en un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos. Esta decisión busca atender la situación de diversas personas migrantes en el territorio español.

Los requisitos para esta regularización extraordinaria estipulan que los solicitantes de protección internacional deben haber presentado su petición antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, los migrantes económicos que hayan residido en el país por un mínimo de cinco meses antes de esa misma fecha también podrán acogerse a esta medida.

Esta iniciativa reformula el enfoque adoptado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la cual, respaldada por más de 700,000 firmas, fue considerada en el Congreso de los Diputados en 2024 con el apoyo casi unánime de los grupos parlamentarios, excepto Vox. A pesar de su amplio respaldo ciudadano, la ILP ha estado pendiente en la Cámara Baja desde entonces, sin avances significativos para su implementación.