El miércoles, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su dictamen sobre las responsabilidades que tiene Israel en cuanto al funcionamiento de las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados. Esta decisión se deriva de una consulta solicitada por la Asamblea General de la ONU, en un contexto marcado por una profunda crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Ubicada en La Haya, la CIJ, un componente esencial del sistema de justicia de la ONU, se pronunciará en respuesta a una resolución adoptada en diciembre de 2024. Dicha resolución recibió el apoyo de 137 países, mientras que 12 se opusieron, incluyendo a Israel y Estados Unidos, y 22 decidieron abstenerse.

En la resolución, la Asamblea General plantea a la CIJ la cuestión de las "obligaciones" de Israel como potencia ocupante y como miembro de la ONU, enfatizando la necesidad urgente de facilitar la ayuda a la población palestina, que enfrenta condiciones críticas para su supervivencia diaria.

Además, se menciona cómo estas obligaciones podrían influir en el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, un derecho que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha desestimado al rechazar de manera reiterada la posibilidad de una solución de dos Estados.

No es la primera vez que la CIJ aborda este asunto, ya que en 2024 determinó que Israel violaba sistemáticamente el Derecho Internacional a través de sus intentos de anexión y el control sobre los territorios palestinos. Estas acciones han comprometido los derechos del pueblo palestino, un tema que Netanyahu ha ignorado consistentemente.

La CIJ ha descrito los territorios ocupados como una "unidad territorial" que abarca Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. En abril, la corte organizó audiencias donde más de 40 naciones y organizaciones, entre ellas España, compartieron sus perspectivas sobre la presencia de organismos como la UNRWA en estas áreas. El presidente de la corte, Iwasawa Yuji, será quien entregue el veredicto final a las 15:00 este miércoles.

A lo largo de su trayectoria, la CIJ ha sostenido que sus decisiones son vinculantes tanto para los Estados interpelados como para todos los miembros de la ONU. Sin embargo, carece de mecanismos efectivos para imponer sus dictámenes.

La corte ya había dictado medidas provisionales de carácter vinculante en un caso iniciado por Sudáfrica, donde se denuncia la posible violación de la Convención contra el Genocidio por parte de Israel durante su ofensiva en Gaza. Los jueces instaron a Israel a prevenir posibles abusos y a permitir la llegada de ayuda humanitaria, pero el gobierno de Netanyahu ha desestimado dichas recomendaciones, argumentando que estos procesos tienen un trasfondo político, una posición que también ha adoptado para desacreditar al Tribunal Penal Internacional, que ha pedido la detención del primer ministro israelí.