Madrid, 22 de julio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso significativo al aprobar una nueva normativa destinada a combatir el creciente problema del fraude eléctrico, que en los últimos años ha experimentado un aumento alarmante. La propuesta incluye diversas medidas para estandarizar los procedimientos de inspección, establecer nuevos criterios de facturación y ofrecer protección a los usuarios afectados por estas prácticas ilegales.

Esta iniciativa se basa en una propuesta anterior enviada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2015, pero ha sido adaptada para simplificar el proceso e incorpora cambios que aseguran su alineación con la legislación vigente. Así, se busca hacer más efectiva la regulación del fraude eléctrico, un problema que afecta cada vez más a la sociedad española.

El informe detallado por la CNMC propone el establecimiento de protocolos claros para que las empresas distribuidoras ejecuten sus inspecciones de manera uniforme. También se especifican los pasos a seguir en caso de que se confirme un fraude, así como las formas de comunicación entre las partes involucradas en la situación.

Además, se contempla la implementación de planes de contingencia en áreas vulnerables, donde el fraude no solo compromete la viabilidad económica de las instalaciones, sino también la seguridad de las personas. La normativa también sugiere que los cortes de suministro se ejecuten de tal manera que su impacto en los consumidores que cumplen con sus obligaciones se minimice, priorizando la protección de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la facturación, la CNMC propondrá, a través de una resolución, los parámetros de potencia y horas de uso para calcular las pérdidas provocadas por el fraude en situaciones donde no se puedan aplicar criterios objetivos. Los peajes y los cargos se ajustarán según el tipo de consumidor, y los valores asociados se establecerán de manera regulada, en consonancia con la tarifa del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Se plantea, además, un incremento en los peajes y cargos aplicando un factor multiplicador. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada uno en su ámbito de competencia, serán responsables de su regulación y aprobación.

Los importes de peajes y la energía, en los casos donde el distribuidor detecte fraude, se integrarán dentro del sistema regulado de liquidaciones. Asimismo, la energía asociada a estas prácticas será reportada a la Red Eléctrica de España como pérdidas originadas por fraude, un paso que busca aumentar la transparencia en el sector.

Esta propuesta de la CNMC se inscribe en los marcos establecidos por la Ley 24/2013 y podría formalizarse mediante un real decreto. Los detalles que deben ser regulados por la CNMC se incluirán en resoluciones que están actualmente bajo revisión.

El fraude en el sector eléctrico ha crecido de manera alarmante en los últimos años, generando consecuencias negativas que afectan a múltiples facetas de la sociedad. Uno de los aspectos más preocupantes es el riesgo que representa para la seguridad pública, dado que la manipulación de instalaciones y equipos implica peligros considerables. A su vez, este fenómeno interfiere en el suministro eléctrico, provocando interrupciones y afectando la competitividad de empresas que operan dentro del marco legal.

Además, el fraude tiene un impacto negativo sobre la sostenibilidad económica del sector eléctrico, ya que se traduce en una reducción de los ingresos regulados y afecta a las empresas distribuidoras y comercializadoras en su trabajo diario. Estas empresas deben pagar por los peajes y cargos asociados a la energía defraudada y, muchas veces, no logran recuperar estos costos, lo que repercute en los consumidores legítimos que ven incrementados los costos de su factura eléctrica debido a estas pérdidas.