El enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha cobrado impulso en la reciente Conferencia de Presidentes llevada a cabo en Santander. Las tensiones se han intensificado en torno al controvertido tema del cupo catalán, con acusaciones mutuas sobre el trato diferenciado que recibe Cataluña y lo que Ayuso ha calificado como la “deslealtad fiscal” de la capital.

La cita, que tuvo lugar el pasado viernes 13 de diciembre, resultó en una atmósfera de frustración, dado que no se logró alcanzar consenso en los principales asuntos discutidos, que incluían la financiación autonómica, la vivienda, la migración y la sanidad. A pesar de las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez de convocar una nueva reunión en enero para abordar la condonación de la deuda, los mandatarios autonómicos permanecen escépticos sobre este compromiso, considerando la propuesta insuficiente y poco convincente.

Durante la conferencia, Sánchez presentó una serie de medidas relacionadas con la financiación autonómica. No obstante, muchos presidentes regionales, especialmente del Partido Popular (PP), criticaron al Gobierno por su enfoque que, según ellos, carece de la necesaria voluntad de negociación que precede a un diálogo constructivo. Acusaron al Ejecutivo de no facilitar las condiciones previas para abordar tareas importantes, lo que aceleró las desavenencias entre los diferentes mandatarios autonómicos.

A pesar de la crítica generalizada, el presidente del Gobierno hizo un anuncio clave al adelantar la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se esperará tocar el tema de la condonación de la deuda acordada entre el PSOE y ERC. Las comunidades bajo gobierno del PP conjuntaron su postura, tildando la medida como un mero 'parche' destinado a eludir discusiones más amplias sobre la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica.

Isabel Díaz Ayuso, en el corazón de estos debates, se manifestó dentro de la Conferencia rechazando la idea de un tratamiento especial para Cataluña en términos de financiación. Reiteró que España no opera como un Estado federal y desafió a quienes buscan este cambio a plasmarlo en un programa electoral y someterse al veredicto de las urnas. Su postura reitera la oposición del PP a los acuerdos que consideran favorecer la financiación catalana a expensas de otras regiones.

En contraste, Salvador Illa se defendió de las críticas, señalando su propósito de corregir percepciones erróneas sobre la financiación de Cataluña y defendió su posición ante los que acusa de “practicar la deslealtad fiscal”. Esta batalla retórica entre ambos líderes no solo ocupó el espacio del diálogo formal, sino que también se trasladó a las ruedas de prensa, donde continuaron intercambiando reproches de manera más abierta.

Otro de los puntos candentes de esta Conferencia fue la migración, donde la falta de consenso sobre el reparto de migrantes, en particular aquellos que llegan a Canarias y Ceuta, se ha vuelto un tema crítico. El Gobierno ha instado a las comunidades a alcanzar un acuerdo colectivo que permita afrontar este desafío de forma conjunta, apostando por una política migratoria que defienda la solidaridad y la responsabilidad.

A pesar de las distintas posturas, Canarias y Euskadi llegaron a la conferencia con un plan coordinado para el reparto extraordinario de menores extranjeros no acompañados, buscando ganar tiempo para enmarcar una estrategia más integral durante futuras discusiones. La respuesta del Gobierno fue considerada positiva, mostrando interés en avanzar hacia una solución eficaz antes de que transcurrieran tres meses desde esta reunión.

El tema de vivienda, originalmente previsto como el punto central de la reunión, se vio aun más amplificado tras la presión ejercida por las comunidades autónomas del PP, quienes reclamaron incluir otros tópicos en la agenda. Sin embargo, ningún acuerdo se alcanzó, y el Gobierno insistió en la urgencia de aplicar la Ley de Vivienda, proponiendo un incremento en el parque público de viviendas y reformas en la normativa vigente para hacer frente a la crisis habitacional que afecta gravemente a la sociedad, especialmente a los jóvenes.

En este sentido, los representantes del PP señalaron que, bajo la gestión de Pedro Sánchez, los precios de la vivienda han aumentado considerablemente, lo que ha avivado sus críticas sobre su gestión en esta materia. Su partido está en proceso de ultimar su propia propuesta legislativa, que buscan presentar en el Parlamento en un futuro próximo.

Finalmente, durante la Conferencia, el Gobierno anunció que destinará 223 millones de euros en 2025 para el desarrollo de soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial. Además, se ha comprometido a aumentar la financiación de nuevas plazas en universidades públicas para profesiones sanitarias, condicionando esto a un compromiso de las comunidades para una cofinanciación sostenida. Este enfoque busca fortalecer la atención sanitaria en un contexto en el que la cualificación y el acceso a recursos son más importantes que nunca.