La reciente comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el Senado ha destacado una serie de importantes debates en torno a la violencia de género en España. Durante su intervención, se reveló que la Delegación ha recibido un total de 95 quejas relacionadas con el sistema Cometa, que se están atendiendo de manera individualizada.

En medio de un intercambio acalorado con representantes del PP, Perza no escatimó en palabras al describir a los acosadores como "deleznables". La delegada dejó claro su compromiso con la erradicación de la violencia de género y su vinculación a un proyecto progresista que busca mejorar la situación de las mujeres en el país. "Mi labor está centrada en apoyar a todas las mujeres víctimas de violencia", manifestó con determinación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación, fue evidente que la violencia de género es un problema que trasciende clases sociales y orígenes, un punto que Perza enfatizó al señalar que su objetivo es trabajar incansablemente para refinar las medidas de protección existentes. En esta línea, respondió a las interpelaciones de Nidia María Arévalo, senadora del PP, quien cuestionó los protocolos existentes, sugiriendo que no se podía esperar eficacia de un Gobierno que, según ella, pertenece a una "industria del acoso".

La delegada también abordó las limitaciones del sistema Cometa, que controla a los maltratadores a través de pulseras telemáticas. Perza reconoció que, aunque el sistema tiene todas las garantías, existen áreas del país con problemas de cobertura que dificultan su funcionamiento efectivo. "Donde no hay cobertura, el sistema no puede operar correctamente", explicó, sugiriendo que los órganos judiciales deben considerar esta realidad al imponer medidas de control.

Con el fin de abordar estos problemas, Martínez Perza reveló que se encuentra trabajando en un mapeo de la cobertura en todo el territorio español, un esfuerzo que se está realizando en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Además, subrayó que está llevando a cabo una auditoría externa y un informe interno que estarán listos para el próximo año.

Ante las preocupaciones expresadas por los usuarios sobre falsas alarmas en los dispositivos, la delegada enfatizó que es necesario que las alarmas suenen en situaciones críticas, garantizando así la seguridad de las mujeres: "El sistema está diseñado para alertar cuando el agresor está cerca", añadió.

Con respecto a la violencia vicaria, se espera que el Ministerio de Igualdad presente en enero un anteproyecto de Ley Orgánica sobre esta cuestión al Consejo de Ministros. Martínez Perza destacó la importancia de las aportaciones recibidas durante el trámite de audiencia, donde se recopilaron un total de 57 contribuciones de ciudadanos y organizaciones.

La socialista María del Carmen Silva alentó a construir consensos y marcos de diálogo para abordar la violencia de género, mientras que Nidia María Arévalo del PP criticó al Gobierno por no ser un verdadero apoyo para las mujeres. En contraposición, representantes de otros partidos, como el PNV y EH Bildu, también plantearon preocupaciones sobre los recursos disponibles y la necesidad de mayor celeridad en la legislación sobre violencia vicaria.

Finalmente, Martínez Perza reafirmó el compromiso del Ministerio de Igualdad con el sistema VioGén, aunque reconoció que muchos ayuntamientos aún deben incorporarse. "Los grandes municipios ya están en el sistema, lo que es un avance, pero hay más por hacer", concluyó, señalando la dirección hacia la que se debe avanzar para garantizar la seguridad de todas las mujeres en el país.