En un reciente informe, Madrid ha revelado que, durante el mes de julio, la deuda acumulada de las Administraciones Públicas alcanzó la asombrosa cifra de 1,68 billones de euros. Este dato indica una ligera moderación en su impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB), situándose en un 102,3%. Este descenso de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el año anterior marca un cambio positivo en la balanza económica nacional.

El Banco de España ha publicado cifras que revelan que la deuda pública, a julio de 2025, muestra un crecimiento interanual del 3,9%, pero experimentó una ligera caída del 0,6% en comparación con junio, cuando se alcanzó un pico de 1,69 billones de euros. Estos números encienden un debate sobre la sostenibilidad de la política fiscal del país y su capacidad para gestionar el crecimiento de la deuda.

Los datos recientes apuntan a que la relación entre la deuda pública y el PIB nominal, conforme al Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), se sitúa en un 102,3%. Este descenso en comparación con el año pasado es visto como un indicativo de una tendencia a la baja, aunque también suscita preguntas sobre el futuro económico del país y su alineación con las directrices europeas.

Las proyecciones del Gobierno son optimistas, prevén que esta ratio de deuda sobre el PIB se reduzca a un 101,7% para finales de 2025. Mirando más allá, se espera que la deuda caiga aún más, hasta un 98,4% en 2027, un 90,6% en 2031 y un 76,8% en 2041. Sin embargo, este camino hacia la reducción de la deuda no se detiene en cifras abstractas.

A pesar de las expectativas de un descenso en la deuda pública, las proyecciones del Ejecutivo no especifican cuándo España alcanzará el mencionado umbral del 60% del PIB, considerado prudente por la Unión Europea. Esto deja en el aire preguntas sobre la estrategia fiscal y la posibilidad de cumplir con los compromisos europeos en un contexto económico que sigue siendo volátil.