La Audiencia Nacional se encuentra en medio de una investigación profunda relacionada con posibles acciones ilegales llevadas a cabo por la antigua cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha comenzado a indagar si se realizaron investigaciones ilegales sobre miembros del partido Podemos, en un esfuerzo por esclarecer filtraciones a la prensa que buscaban desacreditar a la formación política conocida como 'morada'.

Entre las pruebas presentadas, la empresa Ziba Talents ha entregado al tribunal seis facturas que corresponden a los honorarios del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su labor en el programa 'Fort Apache', transmitido por la cadena Hispan TV en 2016. Este aspecto se ha documentado en un informe al que tuvo acceso Europa Press, donde se destaca la vinculación de Iglesias con la entidad a través de la gestión de pagos específicos.

Las informaciones indican que estas diligencias han sido solicitadas para aclarar el origen de las filtraciones que se produjeron en aquel tiempo, las cuales tenían como objetivo crear una imagen negativa sobre Podemos. Las facturas, que totalizan 12.600 euros, fueron emitidas a nombre de la factoría que en 2016 operaba bajo el nombre de 360 Global Media, aunque posteriormente fue renombrada a Ziba Talents.

Es digno de mención que Natalia Carrascosa, una figura clave en la contabilidad de la empresa, ha sido citada como testigo en este caso. Podemos ha enfatizado su papel, dado que podría proporcionar información valiosa sobre la recopilación de datos que llevó a la creación de un controvertido 'Informe PISA', en el que se alegan irregularidades.

Las facturas presentadas abarcan los meses de febrero a julio de 2016, y aunque Ziba Talents ha intentado proporcionar todos los documentos disponibles, han aclarado que no pueden garantizar que sean todas las facturas emitidas por Iglesias en ese año, dado que ha transcurrido un período considerable desde entonces, superando el plazo de custodia legal previsto por el Código de Comercio.

De acuerdo con fuentes legales, Podemos ha solicitado también al juez Pedraz que se amplíe la investigación para incluir facturas correspondientes a 2015, ya que estas podrían haber sido utilizadas en los esfuerzos de desinformación que involucraron acusaciones sobre una supuesta financiación iraní del partido.

Por su parte, Podemos ha presentado una querella contra varios actores en este caso, acusándolos de delitos graves como organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, y falsedad documental. En su denuncia, afirmaron que estas acciones se realizaron sin supervisión judicial y con fines claramente partidistas, menoscabando la integridad de sus miembros en el ámbito público.

Además, el partido ha expuesto que la investigación por parte de la antigua cúpula de seguridad, junto con la filtración de información a medios de comunicación, formaba parte de una estrategia más amplia para desprestigiar a la formación ante la opinión pública. Este proceder se destaca como un atentado a la autonomía de sus representantes y un intento de socavar su legitimidad política.

Los detalles de esta compleja trama revelan que las maniobras de desprestigio incluyeron diversas acciones, como el análisis de documentos falsificados y la manipulación de datos, todo con el objetivo de proyectar una imagen negativa sobre Podemos y su liderazgo. La situación sigue siendo objeto de gran atención mediática y política.