MADRID, 22 Oct. - El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha afirmado que la Comisión Europea no tiene la capacidad para emitir opiniones sobre la entrada de la empresa saudí STC en el accionariado de Telefónica. Dombrovskis ha enfatizado que la decisión final sobre esta inversión recae en el Estado en el que se lleva a cabo, en este caso el Gobierno de España.

Estas declaraciones se dieron en respuesta a una pregunta escrita del eurodiputado de IU Manuel Pineda, quien planteó a la Comisión Europea si consideraban que esta adquisición representaba una amenaza a la seguridad y si tenían intención de intervenir para evitar la entrada de un régimen absolutista como el de Arabia Saudí en el sector de las telecomunicaciones de la UE.

En su respuesta, Dombrovskis señaló que la UE está abierta a la inversión extranjera directa y permite que los proveedores de servicios extranjeros se establezcan libremente en su mercado de telecomunicaciones. Sin embargo, también destacó que ciertas inversiones pueden suponer un riesgo para la seguridad y el orden público, por lo que la apertura de la UE debe equilibrarse a través de los mecanismos adecuados.

En este contexto, recordó que el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas establece un mecanismo de cooperación que permite a la Comisión y a los Estados miembros detectar, evaluar y mitigar los posibles riesgos para la seguridad y el orden público relacionados con las inversiones. Este reglamento también incluye el control en el sector de las telecomunicaciones.

Dombrovskis aclaró que esto implica que el Estado miembro donde se planee la inversión, o donde se lleve a cabo, puede imponer condiciones o incluso prohibir la inversión si considera que puede afectar a la seguridad o el orden público del país o de otros Estados miembros. En última instancia, la decisión final recae en el Estado miembro en el que se realiza la inversión.

Además, el comisario mencionó que el artículo 40 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas exige que los operadores adopten medidas técnicas y organizativas apropiadas para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de sus redes y servicios.

Por lo tanto, Dombrovskis se abstuvo de pronunciarse sobre la entrada de STC en Telefónica y argumentó que divulgar información sobre transacciones específicas pondría en peligro la confidencialidad de los datos transmitidos en el marco del mecanismo de cooperación.