La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está lista para comparecer ante el tribunal este viernes, marcando su primera aparición en un caso de fraude inmobiliario que ha provocado una fuerte reacción en el Partido Demócrata. Este caso es visto por muchos como una maniobra política orquestada por el expresidente Donald Trump, quien busca desquitarse de la funcionaria tras haber sido condenada la organización financiera de Trump por fraude fiscal.

A principios de este mes, James fue oficialmente imputada por diversos cargos, que incluyen fraude bancario y presentación de información falsa a una entidad financiera, en relación con la compra de una propiedad en Norfolk, Virginia, realizada en 2020.

De acuerdo con los documentos de la acusación, James firmó un acuerdo estándar que indicaba que la vivienda debía ser utilizada principalmente para su disfrute personal durante al menos un año, a menos que se estipulara lo contrario con el prestamista. Sin embargo, se alega que en lugar de habitar la casa, James la alquiló a una familia, lo que le habría permitido acceder a condiciones crediticias que generalmente no se ofrecen a propiedades de inversión.

James, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones en su contra, afirmando que este proceso es un reflejo de cómo Trump utiliza el sistema de justicia como una herramienta de represalia. En un comunicado tras la noticia de su imputación, subrayó que las afirmaciones del exmandatario son una clara muestra de su deseo de venganza política.

Es interesante notar que James se une a un grupo creciente de figuras que se han enfrentado a cargos penales federales por parte de Trump. En las últimas semanas, dos de sus exoponentes, John Bolton, exasesor de seguridad nacional, y James Comey, exdirector del FBI, también se han visto en la misma situación, ambos declarando su inocencia.

Recordemos que la investigación impulsada por James ya ha dado lugar a una condena por fraude contra Trump el año pasado. Aunque un tribunal de apelaciones estatal ratificó la decisión de fraude en agosto, la exorbitante multa impuesta de aproximadamente 450 millones de euros fue considerada "excesiva" y fue rebajada. Trump, mientras tanto, mantiene su inocencia y continúa apelando la decisión judicial.