La Audiencia Nacional se enfrenta a un nuevo caso que ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la discriminación. En este contexto, la Fiscalía ha señalado que no considera que la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) sobre presuntos hechos de odio sea competencia del tribunal. Así lo ha manifestado al juez Santiago Pedraz, quien había solicitado aclaraciones sobre la idoneidad de tramitar la denuncia relacionada con el boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech durante La Vuelta ciclista.

Fuentes del Ministerio Público han indicado que los incidentes denunciados no encajan en las competencias de la Audiencia Nacional. En consecuencia, no se ha emitido un pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas, que incluyen acusaciones de delitos de odio, amenazas a la seguridad vial y desórdenes públicos.

La denuncia apunta a organizaciones y partidos políticos que, según ACOM, han “promovido activamente la exclusión” del equipo israelí de La Vuelta. En un comunicado, la asociación defendió su posición, alegando que no se trataba de protestas pacíficas, sino de acciones calculadas que amenazaban la seguridad de deportistas, organizadores, espectadores y fuerzas de seguridad.

ACOM afirmó que las agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por nacionalidad, lo que contradice los principios de igualdad y seguridad que deben prevalecer en el deporte. Consideran que transformar las carreteras españolas en espacios de acoso es inaceptable y advierten de que habrá consecuencias legales.

La denuncia no solo se dirige contra quienes llevaron a cabo estas acciones, sino también contra los responsables colectivos que las respaldaron. Específicamente, hacen referencia a la red RESCOP/BDS y a partidos como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, por su participación en la exclusión del equipo israelí.

Además, ACOM ha incluido en la denuncia a funcionarios de la organización de La Vuelta, incluyendo a su director técnico, Kiko García. La asociación también ha manifestado su intención de emprender acciones legales contra figuras políticas, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por otro lado, han solicitado a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar urgente, citando riesgos para la seguridad de deportistas y público. Propusieron además una serie de refuerzos de seguridad, incluyendo la prohibición de concentraciones en el recorrido y la identificación de grupos que hayan participado en los bloqueos.

Finalmente, ACOM criticó la naturaleza de esta "campaña discriminatoria" contra Israel, que, a su entender, impulsa un clima de antisemitismo con acciones de boicot y desinversión. La asociación reafirmó su compromiso de combatir la normalización del odio antisemita y la estigmatización de la comunidad judía en España.