El día 2 de octubre, se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía de Madrid sobre el acceso no autorizado a datos informáticos de vários senadores en el Senado, un hecho que ha tomado relevancia en los medios gracias a la información publicada por el diario digital 'eldiario.es' y confirmada por fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

Esta acción del Ministerio Público surge tras una investigación interna del Senado que se centró en dos empleados que fueron despedidos tras detectarse que habían accedido indebidamente a los equipos de varios senadores. Además, se ha indagado sobre la posible implicación de otros miembros del personal en situaciones similares.

Los resultados del Senado indican que los dos trabajadores cesados accedieron a la información únicamente por motivos relacionados con su desarrollo profesional, alegando que su intención era promover su carrera. Sin embargo, estos individuos también afirmaron que había otros accesos no autorizados, lo que llevó a un examen más exhaustivo sobre la legalidad de dichos accesos, aunque el Senado dictaminó que se llevaron a cabo de manera legítima.

De acuerdo con un informe de la secretaría general del Senado al que tuvo acceso Europa Press, se establece que la intervención de los informáticos se realizó dentro del ámbito de sus funciones, como parte de tareas rutinarias como la corrección de fallos y la actualización de sistemas, y no se considera que haya habido un acto de "hackeo".

El informe además aclara que no hubo espionaje ni sustracción de información, subrayando que no se accedió a los dispositivos personales de los senadores sin su consentimiento. Se niega así la existencia de una posible infiltración masiva en las identidades digital de los legisladores.

Desde el Senado se enfatiza que no se emplearon las contraseñas de los senadores. En su lugar, los empleados que realizaron estos accesos usaron credenciales de administración que tenían para desempeñar sus funciones. Esto se debe a que las contraseñas individuales de los senadores se almacenan de forma encriptada y no son accesibles para el personal técnico.

A pesar de que se ha confirmado el acceso no autorizado por parte de los dos empleados despedidos a los portafirmas digitales de algunos funcionarios de la Secretaría General, se aclara que no hubo ningún acceso a portafirmas de senadores. Según se explica, este acceso no autorizado estaba relacionado con documentos referidos a las promociones profesionales de algunos funcionarios, y se cortó el acceso de estos individuos inmediatamente tras el descubrimiento de la situación.