La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido no visionar la entrevista del periodista Jordi Évole al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como 'Josu Ternera', alegando que la Constitución garantiza y protege el derecho a la libertad de expresión. En un decreto emitido por la teniente fiscal Marta Durántez, se explica que no se observa ninguna infracción penal en el contenido audiovisual.

En respuesta a la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fiscalía descarta revisar el documental antes de su presentación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. DyJ había manifestado preocupación de que el documental pudiera constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas, ya que Urrutikoetxea está siendo procesado por numerosos delitos relacionados con actos terroristas.

La Fiscalía argumenta que el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, así como el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Además, destaca que el ejercicio de estos derechos no puede ser sometido a censura previa y que sólo mediante una resolución judicial se puede llevar a cabo la incautación de publicaciones u otros medios de información.

Por lo tanto, la Fiscalía concluye que no hay fundamentos para iniciar una investigación prospectiva basada en supuestos delitos relacionados con el contenido de la entrevista. Según el decreto emitido, los hechos denunciados no constituyen ninguna infracción penal, por lo que se ha archivado el caso y no se realizará ningún visionado previo a la emisión del documental.

La película, titulada 'No me llame Ternera' y dirigida por Jordi Évole y Màrius Sánchez, inaugurará la sección 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián. El documental ofrece una entrevista exclusiva con 'Josu Ternera' y brinda una visión crítica e inédita de su trayectoria como líder de ETA. Además, aborda momentos decisivos de la historia de ETA hasta su disolución en 2018 y permite a una víctima de ETA resolver incógnitas sobre un atentado sufrido hace casi medio siglo.

Varias asociaciones de víctimas del terrorismo y sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han expresado su descontento y han pedido que 'Josu Ternera' sea juzgado ante la Audiencia Nacional en lugar de aparecer en un documental.