En un giro inesperado de los acontecimientos, la Fiscalía ha manifestado su desacuerdo con la posibilidad de reabrir el caso del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, quien fue asesinado en 1997 por la organización terrorista ETA. La insistencia se centra en la inadmisibilidad de los recursos impulsados por el PP y las acusaciones populares, lideradas por la asociación Dignidad y Justicia y la Fundación Villacisneros.

Según documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al alto tribunal que mantenga cerrado el caso, argumentando que los delitos han caído en la prescripción.

Esta postura de Sánchez Conde contrasta con la decisión tomada por la junta de fiscales de la sección penal del Supremo, que en una reciente reunión celebrada en febrero, mayoritariamente se mostró a favor de reabrir el caso a través de los recursos de casación presentados por las partes acusadoras. Esta inquietud surge en respuesta a la decisión de la Audiencia Nacional, que había decidido archivar el caso debido a la prescripción de los hechos.