La situación política en España se intensifica mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado han decidido respaldar el recurso de amparo de Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional. Esta acción surge tras la negativa del Tribunal Supremo de otorgar una amnistía relacionada con el delito de malversación derivado del proceso independentista de Cataluña.

De acuerdo con información obtenida por Europa Press, tanto la Fiscalía como los abogados del Estado han presentado escritos en los que apoyan la solicitud de Puigdemont, cuestionando así las posturas adoptadas por el Tribunal Supremo en su reciente decisión.

El Supremo argumentó su negativa a la amnistía basándose en dos excepciones que la ley contempla: una, cuando existe la intención de obtener beneficios personales de carácter económico; y otra, si las acciones tienen impacto en los intereses financieros de la Unión Europea.

Desde la Fiscalía, se plantea que el Tribunal Constitucional debe declarar que se han vulnerado derechos fundamentales del ex presidente catalán, incluyendo su derecho a un juicio justo, a la libertad личная y a participar en la vida política.

Además, la Fiscalía sugiere que se retroceda en el proceso legal al momento previo en el que el Tribunal Supremo decidió, en un auto de julio de 2024, no aplicar la amnistía al delito de malversación que afecta a Puigdemont y a otros ex consejeros de su gobierno, como Toni Comín y Lluís Puig.

El objetivo es que “se emita un nuevo fallo que respete plenamente los derechos fundamentales vulnerados, considerando especialmente la protección de los derechos sustantivos involucrados”, añade la Fiscalía en sus argumentos.

Desde el Ministerio Fiscal se rechaza la interpretación del Tribunal Supremo, señalando que su análisis de los hechos contradice la esencia de la normativa y es sensible a contradicciones lógicas que resultarían insalvables. “La obligación de interpretar de forma favorable hacia el procesado es fundamental para que las consecuencias penales no sobrepasen lo que el legislador ha establecido”, argumentan.

Por su parte, la Abogacía del Estado también solicita que se acepte el recurso de Puigdemont, alegando que los fallos judiciales previos han infringido su derecho a un juicio justo.

Los servicios jurídicos del Estado subrayan que la ley de amnistía, ya respaldada por el Constitucional, tiene un claro propósito de perdonar conductas de Puigdemont, lo cual debería ser considerado en la evaluación del caso.

Asimismo, argumentan que interpretar la exclusión de la amnistía en términos de beneficios personales versus los intereses de la UE no solo es erróneo, sino que carece de justificación lógica, lo que convierte las decisiones del Tribunal Supremo en infundadas.

La Abogacía sostiene que la amnistía debería incluir el delito de malversación, alertando sobre la exclusión de su aplicación que, al no estar debidamente motivada, también perjudica el derecho a una tutela judicial efectiva.