VALÈNCIA, 4 de agosto. La Generalitat Valenciana ha solicitado penas de prisión que alcanzan los cuatro años para Francis Puig, quien es hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en relación con un escándalo de subvenciones. Además, la institución ha pedido tres años de cárcel para su socio, Juan Enrique Adell Bover.

La petición aparece en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido presentado por la Abogacía ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de València, que actualmente investiga un presunto caso de fraude en la obtención de ayudas públicas.

El fiscal ha argumentado que Francis Puig puede haber cometido un delito de falsedad documental continuada en combinación con un delito de estafa agravada, y ha solicitado su condena y el pago de una multa. Por su parte, a Bover se le imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil, también en relación con la estafa agravada.

En términos de responsabilidad civil, la Generalitat reclama que Francis Puig, en su rol como administrador de Masmut Produccions S.L., indemnice a la Generalitat por un monto de 58.866,69 euros. Asimismo, Bover deberá compartir la responsabilidad económica por el delito de falsedad y estafa, indemnizando con un total de 74.710,75 euros, que corresponde a facturaciones de Kriol, Canal Maestrat y Nova CB. Esta cantidad se repartirá entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya según los criterios establecidos en las bases de las subvenciones.

La Generalitat ha declarado que, de la investigación realizada, que incluye informes de la Policía Judicial y de la Intervención General, se evidencia la obtención “indebida y fraudulenta” de ayudas gubernamentales. Se han detectado irregularidades como facturas no subvencionables, gastos ficticios, facturas duplicadas, autofacturación y otras irregularidades que comprometen la validez de las ayudas.

En enero de este año, el juzgado determinó procesar a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover, quienes administran respectivamente Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL. Este proceso se enmarca en la investigación sobre subvenciones públicas destinadas a promover el uso del valenciano en los medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

El auto del juez indica que las acciones de los investigados son significativas tanto por su magnitud como por los métodos utilizados, incluidos el uso de facturas falsas y la creación de sociedades ficticias, además de domicilios inexistentes y actividades que no guardan relación alguna con los proyectos subvencionados, lo que ha llevado a un enriquecimiento ilícito a favor de sus empresas.

La investigación se ha centrado en las subvenciones que las dos instituciones autonómicas otorgaron a Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producció SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat Valenciana, las ayudas estaban destinadas a la protección y promoción del valenciano, mientras que las de la Generalitat de Catalunya tenían como objetivo el apoyo financiero para servicios prestados en lingua catalana o aranesa.