El Ministerio de Juventud e Infancia ha dado un paso decisivo al presentar su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI), con el firme propósito de garantizar la escucha activa de los menores de 12 años en toda instancia administrativa y judicial. Este cambio se anticipa para ser presentado al Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de noviembre, según lo informado por el entorno de la ministra Sira Rego.

Esta reforma implicará una modificación de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que actualmente establece un límite de edad que impide la obligación de escuchar a los menores de 12 años. En su redacción actual, se menciona que la audiencia de los menores es opcional, lo que ha llevado a situaciones controvertidas, como la implicada en el caso de Daniel, hijo de Juana Rivas, donde se puso de manifiesto la necesidad de asegurar que los menores sean escuchados adecuadamente en el contexto judicial.

La propuesta establece una clara distinción entre los procesos administrativos y judiciales. En el ámbito administrativo, se sugiere que los niños puedan estar acompañados por una persona de confianza durante su declaración y que tengan la opción de elegir el género del entrevistador, especialmente en situaciones de violencia sexual. En el ámbito judicial, la iniciativa plantea que el menor declare únicamente ante profesionales del sistema judicial, minimizando interferencias de los abogados de las partes involucradas y buscando así prevenir el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Además, el Ministerio propone que todos los menores cuenten con representación legal en conflictos que involucren a sus progenitores, como en cuestiones de custodia o visitas. Este enfoque busca evitar que la defensa de los pequeños dependa de los intereses de los abogados de sus padres, una preocupación que ha resurgido tras el caso de Juana Rivas.

Otro de los cambios significativos es la eliminación del límite de edad en el proceso de prueba preconstituida, que hasta ahora solo se aplicaba a menores de 14 años. De esta forma, se estipula que las declaraciones de todos los menores deben ser grabadas en video, con el fin de prevenir su revictimización durante el proceso judicial.

La reforma también propone la creación de equipos especializados en cada partido judicial y la capacitación de todos los profesionales que interactúan con la infancia para que puedan identificar señales de violencia, mediante un plan que se deberá formalizar en conferencias sectoriales.

Un aspecto relevante que se incluye en la propuesta es la definición de "violencia institucional", que abarca acciones u omisiones por parte de los poderes públicos u organizaciones colaboradoras que impidan o dificulten el ejercicio de los derechos de los niños. La reforma contempla establecer sanciones administrativas en estos casos, subrayando que la aplicación del SAP se considera un acto de violencia institucional.

También se plantea la suspensión de la patria potestad sin excepciones en situaciones de violencia de género, vicaria o sexual. Aunque existe un artículo en el Código Civil que permite la recuperación de la patria potestad bajo ciertas condiciones, la reforma busca eliminar estas excepciones para proteger mejor a los menores afectados.

Entre otras mejoras, se incluye la obligación de utilizar un lenguaje accesible para los menores en las resoluciones judiciales, así como el reconocimiento de que los hijos de mujeres víctimas de violencia de género son a su vez víctimas de dicha violencia. Además, se propone extender la figura del coordinador de bienestar, que ya existe en el ámbito escolar, a los centros de protección de menores.

El Ministerio tiene como meta llevar esta reforma a Consejo de Ministros durante octubre, aunque previamente debe recibir la aprobación de otros Ministerios relacionados, como Justicia, Sanidad, Derechos Sociales e Igualdad, con quienes han trabajado de manera coordinada en los últimos meses.

Hoy, la ministra Sira Rego presentará este proyecto en un encuentro con un grupo de expertas que apoyan la ampliación de la LOPIVI. La finalidad de estas reformas es "reforzar el marco normativo", así como evitar la revictimización de los menores y subsanar deficiencias en el sistema de protección, especialmente ante las preocupantes cifras de violencia contra la infancia.

En este contexto, se anticipa que el próximo 9 de octubre se darán a conocer los resultados de un estudio que evalúa la prevalencia de diversas formas de violencia contra la infancia, abarcando desde la violencia física y psicológica hasta la económica y sexual, revelando la alarmante invisibilidad de estas violencias en la sociedad actual.