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La Ley de Amnistía ya es oficial: entra en vigor tras su publicación en el BOE.

La Ley de Amnistía ya es oficial: entra en vigor tras su publicación en el BOE.

En una decisión histórica, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde esta mañana a la polémica Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida popularmente como Ley de Amnistía. La norma, que ha entrado en vigor inmediatamente tras su publicación, establece un plazo de dos meses para que jueces y tribunales comiencen a aplicarla.

El documento, firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, refleja el respaldo mayoritario que recibió en el Congreso el pasado 30 de mayo, eliminando el veto del Senado y allanando el camino para su aprobación definitiva después de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y los partidos independentistas.

Este paso sin precedentes surge de los acuerdos entre el PSOE, ERC y Junts en aras de asegurar el apoyo necesario para la investidura de Pedro Sánchez. Su principal objetivo es conceder amnistía a todas las personas involucradas en las movilizaciones soberanistas e independentistas ocurridas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, abarcando desde los condenados por el referéndum de 2014 hasta los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo en 2019.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, estima que alrededor de 372 personas se beneficiarán de esta ley, incluyendo líderes de Junts y ERC, los 12 miembros de los CDR procesados y aquellos vinculados a 'Tsunami Democràtic'.

La iniciativa fue presentada inicialmente por el Grupo Socialista en noviembre del año pasado y, pese a haber seguido un procedimiento de urgencia, no ha sido aprobada hasta este mes. La votación contó con el respaldo de una amplia mayoría de 177 diputados de diversas formaciones políticas, mientras que 172 se opusieron a la medida, liderados por el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

A partir de hoy, los jueces y tribunales tienen un plazo de dos meses para comenzar a aplicar la ley. Sin embargo, este plazo podría suspenderse en caso de que se plantee una disputa ante la justicia europea. Además, se ha abierto la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, con el PP ya anunciando que impugnará la normativa.