La economía española está proyectada a experimentar un crecimiento notablemente superior al de la eurozona durante los años 2025 y 2026, de acuerdo con las últimas estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta revisión al alza del panorama económico para España ubica la expansión de su producto interior bruto (PIB) en un 3% para el próximo año, un aumento respecto a la proyección anterior del 2,8%. Las expectativas también son positivas para 2025, con un incremento del PIB del 2,3%, comparado con el 2,2% antes previsto.

Mientras tanto, la OCDE estima que la economía de la eurozona crecerá un 0,8% en 2024, algunos decimales por encima de lo que se anticipaba previamente. En el caso de 2025, se mantiene una previsión de crecimiento del 1,3% para la región compuesta por veinte naciones.

El informe destaca que, para 2026, se espera que el PIB en España continúe su ascenso, alcanzando una tasa de crecimiento del 2%. Este dato supera en medio punto porcentual el crecimiento estimado para la eurozona en el mismo periodo, lo cual resalta la resiliencia de la economía española en un contexto más amplio.

Uno de los motores principales de esta expansión será la demanda interna, impulsada por un consumo privado en aumento, que se benefician de un mercado laboral robusto, ahorros en los hogares y un incremento en los ingresos reales. La OCDE indica que la inversión en el país también empezará a recuperarse, gracias a menores costes de financiación y al desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

No obstante, la organización señala que, a pesar de que las exportaciones podrían verse favorecidas por las tendencias del turismo, la recuperación de las importaciones limitará el impacto positivo de las exportaciones netas en el crecimiento general.

En su análisis, la OCDE menciona que los principales riesgos que podrían afectar negativamente a la economía española incluyen la creciente inestabilidad geopolítica, que podría encarecer los precios de la energía y deteriorar la demanda de los socios comerciales clave. Además, una implementación lenta del PRTR podría también suponer un obstáculo para el crecimiento.

En lo que respecta a la inflación, las previsiones apuntan a una reducción sostenida hasta 2026, facultada por la disminución de los precios de la energía y alimentos, así como por limitaciones en las presiones salariales. Según las proyecciones, la tasa de inflación armonizada se situará en un 2,8% en 2024, descendiendo al 2,1% en 2025 y un 2% en 2026.

El rendimiento saludable de la economía española contribuirá a una disminución continua en el nivel de desempleo, con la tasa de paro proyectada en un 11,5% para este año, 10,9% en 2025 y una caída adicional hasta el 10,5% en 2026. La OCDE enfatiza que mejorar la eficiencia en la contratación laboral y abordar los desajustes en las habilidades laborales será crucial para mitigar el desempleo estructural y fomentar el crecimiento de la productividad en España.

En términos de finanzas públicas, el think tank destaca la necesidad de una implementación efectiva de un plan de consolidación fiscal, considerándolo como fundamental para cumplir con las normativas fiscales europeas. Esto apunta a colocar la deuda pública en una trayectoria descendente y liberar recursos para futuras prioridades de gasto.

Según las últimas proyecciones de la OCDE, se espera que el déficit presupuestario en España disminuya gradualmente, alcanzando un 3% del PIB en 2024, un 2,5% en 2025 y un 2,1% en 2026, con una consolidación acumulativa del 0,7% del PIB para esos años, alineándose con el plan fiscal a medio plazo del gobierno.

Estas previsiones implican que el crecimiento del gasto público se verá limitado, afectando tanto los gastos corrientes como las transferencias de capital. Además, se estima que las medidas antiinflacionarias que se implementaron en 2022 llegarán a su fin en 2024.

Por último, la OCDE también advierte sobre la incertidumbre relacionada con el impacto del paquete de ayuda destinado a las áreas afectadas por inundaciones, el cual representa cerca del 1,1% del PIB. Este impacto dependerá del alcance de la ayuda solicitada y el cronograma de los desembolsos, lo que añade una capa de complejidad al panorama fiscal en un futuro cercano.