Los fiscales del 'procés' presentaron un informe al fiscal general en el que argumentaban que la malversación no era amnistiable.

MADRID, 11 Jun.

El juez instructor del caso del 'procés' en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha cuestionado a los fiscales sobre si la malversación supuestamente cometida por Carles Puigdemont afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), lo que la excluiría de la amnistía.

Esta cuestión se desprende de una providencia, obtenida por Europa Press, en la que decide mantener la orden de detención contra Puigdemont, los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Llarena otorga cinco días a la Fiscalía, a Vox --que representa la acusación popular-- y a las defensas para que emitan su opinión sobre la posibilidad de aplicar la amnistía a los cargos imputados. También solicita que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares contra los cuatro líderes independentistas.

Por último, el juez pide a las partes su opinión sobre si el delito de malversación podría quedar "excluido" de la amnistía según la disposición del legislador que establece que los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea no pueden amnistiarse.

Recordemos que el criterio de los fiscales del caso --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- se hizo público el pasado 30 de mayo, luego de reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Al finalizar la reunión, los fiscales entregaron un documento en el que expresaron que no consideraban apropiado aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación.

En el escrito, los fiscales argumentaban que Puigdemont tuvo intención de lucro y perjudicó los intereses financieros de la UE, por lo que estos actos no podrían ser amnistiados según la ley. Según su criterio, Puigdemont y otros 6 líderes independentistas utilizaron fondos públicos "para lograr objetivos inconstitucionales".

Sin embargo, los fiscales aseguraron que sí se podría aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el 'procés'.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que los fiscales tienen que informar a la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado antes de responder al juez Llarena.

Según estas fuentes, si hay discrepancia entre los fiscales y García Ortiz, podrían recurrir al artículo 27 del Estatuto Orgánico y llevar el asunto ante la Junta de Fiscales. No obstante, el fiscal general tiene la potestad de tomar una decisión final después de escuchar a la Junta, como establece el Estatuto.