Las negociaciones entre los bloques progresista y conservador en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han renacido, aunque las posiciones de ambos grupos continúan inalteradas. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado a las partes a alcanzar un consenso a lo largo de mayo para designar a los presidentes de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), poniendo este tema en la lista del próximo Pleno programado para el 7 de mayo.

Perelló ha transmitido su mensaje a los vocales durante las últimas semanas de abril, enfatizando que no es aceptable dejar estos nombramientos pendientes indefinidamente. Aunque inicialmente había ofrecido hasta el final del mes para lograr un acuerdo, ha decidido llevar esta cuestión nuevamente al Pleno, específicamente en la reunión ordinaria del miércoles próximo.

Con esta nueva ronda de negociaciones, los dos bloques intentan salir del estancamiento que habían sufrido desde la última tentativa del 1 de abril. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que las posiciones se mantienen firmes, con el sector conservador apoyando a los candidatos Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, mientras que los progresistas defienden a Ana Ferrer y Pilar Teso para las respectivas salas.

Durante los recientes diálogos, se sugirió una posible combinación en la que Martínez Arrieta ocupase la presidencia de la Sala Segunda y Teso la de la Sala Tercera. Sin embargo, esta propuesta nunca fue formalizada por el bloque progresista y fue rechazada inmediatamente por los vocales conservadores. Se anticipa que las conversaciones seguirán hasta el mismo día del Pleno.

Este es el tercer intento de Perelló de abordar estos nombramientos en Pleno. La primera ocurrió el 26 de febrero, cuando se logró la designación del conservador Ignacio Sancho como presidente de la Sala de lo Civil y de la progresista Concepción Ureste para la Sala de lo Social, dejando de lado al conservador Juan Molins.

Desde el ámbito progresista, hubo críticas por dividir las presidencias de las salas Primera y Cuarta del conjunto de cuatro candidaturas que incluían vacantes similares en las Salas Segunda y Tercera. Esto se debía a que los conservadores, Martínez Arrieta y Lucas, ya estaban ocupando interinamente esos puestos, lo que suponía un desincentivo para cambiar lo que les beneficia a nivel práctico.

Recientemente, los vocales conservadores han reafirmado la idoneidad de Martínez Arrieta y Lucas, argumentando su experiencia. Por su parte, los progresistas sostienen que la legislación sobre paridad destaca la necesidad de que las vacantes sean ocupadas por mujeres, sugiriendo a Ferrer y Teso y destacando sus visiones propuestas para las salas frente a la continuidad de sus adversarios.

En un intento anterior, el 1 de abril, la falta de progresos llevó a Perelló a retirar este asunto del orden del día, priorizando otros 18 nombramientos, incluidas las presidencias de varios Tribunales Superiores de Justicia en distintas comunidades autónomas.

Es crucial señalar la relevancia de estas dos salas, ya que la oficina de lo Penal es responsable de investigar y juzgar a altos funcionarios, incluidos miembros del Gobierno, senadores y diputados, así como al fiscal general del Estado. Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo supervisa la legalidad de las decisiones del Gobierno a través de los recursos que se planteen.

Finalmente, es importante recordar que el consenso entre progresistas y conservadores, quienes cuentan con diez vocales cada uno, es fundamental para concretar esos nombramientos, que requieren al menos 13 votos a favor.