El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, ha reiterado que el aumento salarial acordado con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) aún no se ha implementado debido a la "situación política" del país, con un gobierno en funciones y un debate de investidura pendiente para finales de septiembre. Además, ha asegurado a los operadores jurídicos que los acuerdos firmados tienen efectos retroactivos y no corren ningún peligro.

Las asociaciones judiciales y fiscales exigieron al gobierno el pasado 12 de septiembre que cumpliera con el aumento salarial de aproximadamente 450 euros al mes, acordado en mayo en el marco de la mesa de retribuciones, para evitar una huelga indefinida. También advirtieron que tomarían "medidas" para asegurar que se cumpla lo acordado.

En la misma línea, los LAJ exigieron al gobierno en julio que cumpliera el acuerdo alcanzado en marzo, que incluía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales, para poner fin a su propia huelga indefinida que duró tres meses.

Fuentes ministeriales consultadas han insistido en que los acuerdos firmados son "totalmente vinculantes" y se cumplirán. Han subrayado que estos pactos cuentan con la firma no solo del Ministerio de Justicia, sino también de la Función Pública, y tienen efectos retroactivos.

De esta forma, las mismas fuentes han asegurado que los aumentos salariales no corren peligro y desde el Ministerio de Justicia están trabajando para implementarlos. Sin embargo, también han reconocido que son "conscientes de la situación política actual". El aumento salarial acordado para los LAJ debía haberse implementado en julio, mientras que el de los jueces y fiscales debería aplicarse en octubre.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han denunciado en un comunicado que hasta el 12 de septiembre no se habían constituido los grupos de trabajo ni se había establecido un calendario de reuniones para tratar todas las cuestiones relacionadas con las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal.

Estas seis asociaciones, a excepción de la Asociación Profesional de la Magistratura que no se sumó al acuerdo de mayo, han destacado que tampoco se han dado "los pasos necesarios" para implementar el aumento salarial en las próximas semanas, previsto para octubre. Han advertido que la "incierta situación política actual" no debe ser una excusa para incumplir el acuerdo adoptado. Además, han señalado que, según la información recibida, las asignaciones presupuestarias "ya están preparadas y, si no se ejecutan antes de finalizar el año, se perderán, lo que supondrá un perjuicio para todos".