En un desarrollo impactante en el caso que ha captado la atención de la opinión pública, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se presentó el pasado jueves ante el juez del Tribunal Supremo para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean la filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración, Lastra descartó la existencia de un protocolo formal para el borrado de mensajes, afirmando: "Yo los tengo todos, como ven".

Lastra, quien compareció ante el magistrado Ángel Hurtado, reveló que mantuvo una conversación tensa con su subordinada, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En esta conversación, Lastra advirtió a Rodríguez sobre el riesgo de filtraciones tras el envío de correos electrónicos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Pilar, los van a filtrar", le aseguró, instándola a que no procediera con el envío y sugiriéndole que se retirara a descansar.

El testimonio de Lastra pone de manifiesto la presión que existía dentro de la Fiscalía tras la visibilidad pública de la situación. Al relatar una conversación previa con García Ortiz, expresó su frustración ante lo que percibió como una falta de cuidado en la gestión del asunto, en particular tras la aparición de filtraciones en los medios. "Le dije a Álvaro: '¿has filtrado la nota?'. Me respondió que eso 'ahora no importa'. Le dejé claro que primero quería leerla en su totalidad antes de decidir su publicación", explicó, lo que indica una discordancia en la estrategia comunicativa de la Fiscalía.

En una parte crucial de su declaración, Lastra fue cuestionada sobre la existencia de un protocolo de seguridad para el manejo de mensajes en dispositivos utilizados por los fiscales. A pesar de las alegaciones de que García Ortiz había eliminado los mensajes durante los cruciales días de la filtración, Lastra se mantuvo firme en su afirmación de que no había pautas establecidas al respecto, señalando que "no hay ninguna, ninguna pauta". Aclaró además que, a pesar de haber cambiado de teléfono en el pasado, todavía poseía toda la información relevante desde su nombramiento como fiscal superior de Madrid.

El testimonio de Lastra se vio complementado por las declaraciones del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, quien se refirió a la situación de González Amador. Salto indicó que, aunque existía una "conformidad sui generis", el asunto aún no había sido judicializado, lo que habría complicado la situación procesal del investigado. Subrayó la importancia de que cualquier acuerdo alcanzado debe ser ratificado de manera formal en el ámbito judicial para tener validez.

La trama que rodea a este caso ha desencadenado un debate profundo sobre la transparencia y los protocolos en la Fiscalía, revelando tensiones internas y preocupaciones sobre la gestión de información sensible. Mientras el juicio avanza, las implicaciones de estos testimonios continúan resonando, planteando preguntas sobre la integridad de las instituciones y la confianza en el sistema judicial.