En un giro inesperado en la política francesa, Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (AN), ha arremetido contra la Fiscalía, acusándola de intentar "excluirla de la vida política", lo que, según ella, también privaría a los ciudadanos de su derecho a elegir a sus representantes. Esta declaración se produce después de que el Ministerio Público haya solicitado una pena de cinco años de prisión e inhabilitación para la política, bajo los graves cargos de malversación de fondos de la Unión Europea.

Le Pen, en una conferencia de prensa posterior a su audiencia, expresó su indignación ante lo que considera un ataque directo a su figura y al partido que lidera. Según ella, el propósito del fiscal es "arruinar" a la Agrupación Nacional y acabar con su carrera. En este marco, también se ha solicitado a la formación un castigo financiero de 4,3 millones de euros, con dos millones de esa cantidad suspendidos. En este contexto, Le Pen se enfrenta a un potencial pago de 300.000 euros.

Durante su intervención, que fue recogida por el diario 'Le Figaro', Le Pen no ahorró críticas hacia la conducta del Ministerio Público, al que catalogó de "indignante" y "violento". En su opinión, las acusaciones que se han formulado en su contra durante el transcurso del juicio son absolutamente infundadas y ha reiterado su negativa a cualquier implicación en los delitos que se le imputan.

"Esperamos que el tribunal, que tomará una decisión en noviembre, no se deje influir por las demandas de la Fiscalía", afirmó Le Pen, consciente de que un fallo en su contra podría suponer un grave obstáculo en sus ambiciones presidenciales para el 2027, además de complicar su posible reelección en la Asamblea Nacional, en caso de que se produzca una nueva disolución en los próximos meses.

Le Pen, junto con otros 26 miembros de su partido, se encuentra en el banquillo por un caso relacionado con presuntos falsos asistentes parlamentarios que habrían permitido la malversación de al menos tres millones de euros provenientes de la UE. Se le acusa específicamente de haber utilizado fondos de la Unión para pagar a asistencias que trabajaban en nombre del partido.

Las implicaciones del caso no son menores. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión, de los cuales seis serían sin cumplimiento efectivo, así como tres años de inhabilitación para Louis Aliot, el número dos del partido; se piden 10 meses de suspensión y un año de inelegibilidad para el portavoz Julien Odoul, y 18 meses de suspensión y dos años de inelegibilidad para Yann Le Pen, hermana de Marine.

En medio de esta situación, el presidente de Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, salió en defensa de Le Pen, manifestándose en la red social X sobre lo que considera una "implacable" venganza contra ella, asegurando que las demandas de la Fiscalía pretenden privar a millones de franceses de su derecho a votar durante las elecciones de 2027, lo que él califica de un ataque a la democracia.

Asimismo, el político Éric Zemmour, quien también coquetea con el ámbito presidencial, aprovechó la oportunidad para criticar el "gobierno de los jueces", alegando que no es deber de los tribunales decidir quién puede ser candidato. Su mensaje, dirigido a un electorado que se siente inquieto por la creciente injerencia judicial en la política, subraya el clima tenso que rodea las próximas elecciones presidenciales en Francia.