En una reciente sesión en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó su defensa del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, subrayando su propósito de abordar el desafío demográfico y promover un avance social y económico. “Este reglamento busca reforzar los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó con convicción.

Grande-Marlaska enfatizó que todos los españoles se benefician de los servicios públicos gracias “a los ingresos generados por el trabajo y la contribución de personas que vienen a España a vivir y a colaborar en nuestra sociedad”. Esta afirmación se produjo en respuesta a críticas del diputado de Vox, Ignacio Gil, quien había calificado la nueva normativa como un “coladero” que facilitaría la regularización de personas con antecedentes penales y permitiría la entrada de parejas no casadas basándose únicamente en vínculos afectivos.

El ministro no dudó en contrarrestar este argumento, diciéndole a Gil que “estamos en el siglo XXI”, haciendo alusión a la inclusión de parejas del mismo sexo y a la necesidad de reconocer la diversidad en las relaciones amorosas. A su juicio, la evolución social demanda un enfoque más inclusivo y comprensivo hacia la inmigración y la convivencia.

En el contexto de la migración irregular, Marlaska destacó que este año las llegadas a España han disminuido en casi un 30%, mientras que en Italia han aumentado un 7%. En su discurso, hizo hincapié en los esfuerzos del Gobierno por combatir las mafias que se dedican al tráfico de personas y aseguró que se ha logrado evitar un 40% de las salidas irregulares, al tiempo que se promueve una inmigración “legal, segura y ordenada”.

Por su parte, el diputado de Vox cuestionó las políticas del Gobierno, acusándolo de favorecer la inmigración ilegal a través de iniciativas como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización de migrantes. Gil insinuó que hay una intención de “sustitución demográfica y cultural”, sugiriendo que esto podría crear una bolsa de votantes dependiente de las decisiones gubernamentales.

Finalmente, el diputado de Vox manifestó su postura opositora a políticas de fronteras abiertas y a la regularización de migrantes, considerándolas una amenaza para la libertad y la identidad nacional. La conversación en el Congreso refleja una polarización creciente en el debate sobre la inmigración y los derechos de las personas en España.