En una declaración reciente, el primer ministro interino de Siria ha manifestado que aquellos individuos que no tengan un pasado manchado de sangre están invitados a integrarse en las nuevas autoridades que intentan tomar las riendas del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

En un contexto de inestabilidad, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado que, desde el colapso del antiguo régimen, aproximadamente 70 personas han sido víctimas de asesinatos en lo que parecen ser actos de represalia, un fenómeno que ha suscitado alarmas en la comunidad internacional. Esta cifra incluye al menos dos niños, lo que subraya la gravedad de la situación humanitaria en el país, que se ha visto sumida en el caos.

Según el Observatorio, los últimos días han visto un aumento en los ataques dirigidos contra civiles, supuestamente orquestados por "personas armadas no identificadas, bandas y grupos desconocidos". Este tipo de violencia también parece contar con conexiones a ciertas "facciones armadas", lo que agrava aún más la crisis de seguridad en un momento en que las nuevas autoridades aún no se han expresado formalmente sobre estos incidentes.

Ante este escenario, el organismo ha instado a Hayat Tahrir al Sham (HTS), uno de los grupos yihadistas más prominentes en la región y artífice de la ofensiva que llevó a la huida de Al Assad, a desplegar urgentemente sus fuerzas en las áreas bajo su control con el fin de restaurar un mínimo nivel de seguridad.

Se reporta que los residentes locales consideran que HTS ofrece un tratamiento más favorable a la población civil en comparación con otras facciones, lo que podría colaborar en la consolidación de su autoridad y en la mejora de la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. Hasta ahora, se ha documentado que un total de 72 personas han sido asesinadas en actos de venganza desde el 8 de diciembre.

Las autoridades que han emergido en Siria tras la caída del régimen de Al Assad han manifestado su compromiso con la estabilización del país y con la protección de la ciudadanía frente a los vacíos de poder que han surgido a lo largo del territorio. Han prometido esfuerzos significativos para garantizar la seguridad de la población, que ha padecido las consecuencias del desmoronamiento de las instituciones estatales.

En una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira, el primer ministro interino, Mohamed al Bashir, subrayó que su gobierno tiene como prioridad "lograr seguridad y estabilidad", así como proteger los bienes y propiedades de la población. Al Bashir también ha enfatizado que los criminales que perpetraron abusos bajo el régimen de Al Assad serán llevados ante los tribunales, y ha declarado que "quienes no tengan las manos manchadas de sangre son bienvenidos a contribuir en la construcción de la nueva Siria".

En consonancia con estos esfuerzos, el Mando Militar de Operaciones—un conglomerado de grupos que participaron en la reciente ofensiva contra el antiguo régimen—anunció la apertura de un centro destinado a aquellos "antiguos miembros del régimen sirio" que busquen entregarse y reintegrarse a la vida civil en la provincia de Daraa, siguiendo el modelo de iniciativas similares en otras regiones del país.

A su vez, el líder de HTS, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani, hizo un anuncio el lunes acerca de la disolución de los grupos armados, con el objetivo de preparar a sus combatientes para su integración en el nuevo ejército del Estado sirio bajo el Ministerio de Defensa.

Finalmente, es importante recordar que la ofensiva que comenzó el 27 de noviembre en la provincia de Idlib facilitó que yihadistas y rebeldes tomaran el control de la capital, Damasco, marcando el colapso del régimen de la familia Al Assad, que se había mantenido en el poder desde 1971. Este cambio de poder se produce en un contexto de continuo repliegue de las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Rusia e Irán, y plantea desafíos significativos para el futuro político y social de Siria.