En un movimiento que busca fortalecer la lucha contra la corrupción en España, el grupo político Sumar, en colaboración con Más Madrid, ha presentado una innovadora propuesta legislativa en el Congreso. Esta iniciativa se basa en el caso Santos Cerdán y tiene como objetivo establecer la inhabilitación cautelar para las empresas involucradas en escándalos de corrupción, así como prohibirles temporalmente el acceso a subvenciones y participación en concursos públicos si son condenadas.

La propuesta incluye una modificación del artículo 33.7 del Código Penal, permitiendo a los jueces aplicar esta inhabilitación temporal a cualquier persona jurídica desde el inicio de un procedimiento penal. Así, se busca que las empresas acusadas de prácticas delictivas no puedan seguir beneficiándose de recursos públicos mientras sus situaciones legales están en proceso de resolución.

Además, se plantean cambios en diversos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar esta medida cautelar como motivo explícito de prohibición para contratar. Con este enfoque, se pretende reforzar los métodos del Estado, garantizando que el dinero de todos no se desvíe hacia empresas que están bajo el escrutinio de la justicia.

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid, argumentó que la existencia de una inhabilitación temporal para empresas es tan crucial como la prisión provisional para los criminales. Su propuesta se inspira en la necesidad de frenar a aquellas empresas que, presuntamente, han estado sobornando a funcionarios para obtener contratos, como se investiga en la trama Koldo.

La también activista política se ha manifestado enérgicamente sobre la urgencia de aprobar esta ley, señalando que es imprescindible centrar la atención en los "corruptores", aquellos que alimentan el sistema de corrupción. Según Sidi, algunas empresas han operado “con total impunidad” durante años y tienen vínculos con escándalos muy notorios, como Gürtel o los 'papeles de Bárcenas'.

Un caso mencionado por Sidi es el de Acciona, que figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) relacionado con la supuesta implicación de Santos Cerdán en la trama Koldo. Más Madrid ya ha solicitado la comparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en el Congreso para abordar estas preocupaciones.

Sidi y su colega Alda Recas han expresado la expectativa de que los principales implicados en esta trama, como el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García o Santos Cerdán, enfrenten consecuencias severas, incluso la prisión. Ante esta situación alarmante que afecta a figuras del PSOE, han instado al partido a respaldar la reforma propuesta del Código Penal.

El documento legislativo, al que ha tenido acceso Europa Press, menciona que la prohibición de contratar puede ser revisada en cualquier fase de su duración, siempre y cuando la entidad involucrada se comprometa a cumplir con las sanciones impuestas y a solventar cualquier multa asociada.