En una sorprendente movida política, el Gobierno argentino liderado por Javier Milei ha implementado recientemente una medida que busca frenar la compra de la filial de Telefónica en el país por parte del grupo mediático Clarín, un acuerdo que se había cerrado por 1.245 millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la transacción ya se ha consumado y el dinero ha cambiado de manos, lo que significa que cualquier complicación regulatoria recaerá sobre el comprador, tal como Telefónica dejó claro al comunicar la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a finales de febrero.

Esta decisión se ha tomado bajo la autoridad de la Secretaría de Industria y Comercio, que actúa bajo el Ministerio de Economía. La medida se apoya en un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el cual advierte que la fusión resultante podría incrementar de manera significativa la cuota de mercado de ambas compañías.

Según las estimaciones del Gobierno argentino tras la operación, la concentración podría alcanzar hasta un 61% en el sector de telefonía móvil y un 69% en telefonía fija. En el ámbito de internet residencial, se estima que en ciertas áreas del país, la concentración podría llegar a un alarmante 80%.

Desde la administración de Milei se defiende esta "medida preventiva" como un paso necesario para preservar la transparencia y la libre competencia en el mercado, al tiempo que se realiza un análisis más profundo de la operación en cuestión.

En el comunicado oficial, se expresa que el Gobierno tiene el deber de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, así como de asegurar un entorno competitivo que evite cualquier distorsión en el mercado.

La venta, que representa uno de los movimientos más significativos en el sector desde la asunción de Marc Mutra como presidente de Telefónica, se alinea con la estrategia de la empresa española de reducir su presencia en América Latina.

Previamente, Milei ya había manifestado su intención de obstaculizar esta transacción, argumentando que dejaría un alto porcentaje de los servicios de telecomunicaciones bajo el control de un solo conglomerado, lo que podría derivar en un monopolio con raíces en beneficios estatales históricos recibidos por Clarín.