El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la convocatoria de ayudas por valor de 4 millones de euros para el asesoramiento en la tramitación de la nueva Política Agraria Común (PAC) a organizaciones agrarias y cooperativas, según la orden del departamento de Planas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado.

La aprobación del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) de España 2023-2027 implica novedades en la gestión para los solicitantes de las ayudas. A fin de facilitar las gestiones de agricultores y ganaderos para tramitar sus ayudas de acuerdo a los nuevos parámetros, el departamento de Planas ha buscado el apoyo de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias de carácter general y ámbito nacional.

En consecuencia, se ha establecido un régimen excepcional de ayudas a dichas entidades colaboradoras agroalimentarias que trabajan en el apoyo a la tramitación y gestión de las solicitudes de ayuda de esta política comunitaria, especialmente necesario en el primer año de implantación de la nueva PAC. Este régimen excepcional de ayudas se convoca por primera vez en 2023 y de manera excepcional.

El objetivo de la orden aprobada por el Ministerio de Agricultura es regular la concesión de una subvención excepcional mediante el sistema de concurrencia competitiva. Además de establecer las bases reguladoras, la orden incluye la convocatoria de las ayudas.

Las actuaciones a financiar serán las de apoyo a la presentación de los expedientes de solicitud única de ayudas de la PAC, así como la realización de tareas de promoción, formación y difusión relacionadas con las solicitudes de la PAC 2023.

El 10% del crédito total se otorga linealmente entre todos los beneficiarios que hayan realizado tareas de promoción, formación y difusión relacionadas con la solicitud única de la PAC, destinadas a que los nuevos rasgos de la misma lleguen a todos sus potenciales beneficiarios. El 90% restante se asigna a los beneficiarios de acuerdo con un único criterio objetivo, que es el número de solicitudes únicas presentadas, con un importe unitario máximo de 20 euros por expediente presentado.