El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado a los agentes sociales para el próximo miércoles, 7 de enero, a las 09:00 horas, a fin de discutir la posibilidad de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Se espera que esta subida tenga efectos retroactivos, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

En un primer encuentro celebrado en diciembre con los sindicatos CCOO y UGT, así como con las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme, el ministerio que dirige Yolanda Díaz intentó sondear el terreno para un posible acuerdo tripartito. Después de esta reunión, el Ministerio de Trabajo anunciaba que presentaría una propuesta para la subida del SMI de este año, que probablemente no estaría sujeta a tributación.

Para establecer el nuevo SMI, el Ministerio seguirá las recomendaciones de un comité de expertos, que ha sugerido una suba del 3,1% si el salario mínimo se mantiene exento de tributación en el IRPF, o del 4,7% si se decide gravarlo. Estas cifras implicarían un aumento de 37 euros mensuales hasta alcanzar los 1.221 euros en catorce pagas si se opta por la exención, o de 56 euros mensuales hasta 1.240 euros si se decide que el SMI esté sujeto a impuestos.

Por ahora, el SMI se mantiene en 1.184 euros al mes, el mismo monto que cerró 2025. Este valor refleja la estabilidad del salario mínimo al inicio del nuevo año.

El comité de expertos, integrado por representantes del Gobierno, sindicatos y académicos, fue creado en enero de 2021 con el objetivo de determinar un aumento sostenible del SMI que se alinee con el 60% del salario medio español, de acuerdo a lo estipulado en la Carta Social Europea. En esta ocasión, se les ha pedido que propongan dos escenarios: uno con tributación y otro sin ella.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar la deducción actual en el IRPF para adaptarla a cualquier incremento del SMI, lo que sugiere que la negociación inicial podría basarse en el aumento recomendado del 3,1%, asumiendo que la tributación no se aplique a este salario.

Sin embargo, los sindicatos están presionando por una reforma que implique que el SMI empiece a tributar, proponiendo un incremento del 7,5% para alcanzarlo en 2026 a 1.273 euros mensuales. Esto se traduciría en un aumento neto del 2,7%, quedando en 1.216 euros después de impuestos. A pesar de estas demandas, han mostrado flexibilidad para revaluar su propuesta tras el análisis del comité de expertos.

Por otro lado, las organizaciones empresariales están solicitando una subida más moderada, de hasta el 1,5%, lo que llevaría el SMI a 1.202 euros brutos mensuales, pero esta solicitud está supeditada a las normativas de compensación establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

El propósito del Ministerio de Trabajo es avanzar hacia un acuerdo global que contemple la subida del SMI y la reforma de las reglas de absorción, alineando así las legislaciones nacionales con la directiva europea sobre salarios mínimos.

La negociación se presenta complicada, especialmente en lo que respecta a la reforma de las reglas de absorción, ya que el Ministerio y los sindicatos buscan asegurar que los complementos salariales no se vean afectados por el aumento del SMI, una posición que la CEOE rechaza categóricamente.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado su deseo de cerrar el acuerdo antes del 15 de enero, poniendo como objetivo un aumento del 4,7%, con tributación en el IRPF.

En años recientes, el Ministerio de Trabajo no ha logrado alcanzar un consenso que incluya a la CEOE para elevar el SMI, optando por acuerdos únicamente con los sindicatos.

El gobierno efectivamente aprobó el mes pasado un incremento del 4,4% del SMI, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025, elevándolo a 1.184 euros mensuales, marcando un avance de 50 euros respecto a la cifra de 2024.

Este aumento surge de un pacto únicamente con los sindicatos CCOO y UGT, ya que los empresarios decidieron no involucrarse, marcando así el quinto año consecutivo en que se realiza una subida en solitario con los sindicatos.

La última vez que la CEOE y Cepyme apoyaron un aumento del SMI fue en 2020, cuando este pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Aunque el Ministerio de Trabajo no está obligado a negociar estas subidas, busca llegar a un entendimiento con todas las partes involucradas para establecer un salario mínimo justo y equitativo.